Agencias
Santiago de Chile
El gobierno chileno prepara para 2016 una propuesta que derogue la Ley Reservada del Cobre, que entrega secretamente recursos a las Fuerzas Armadas de las ganancias de las exportaciones de cobre, una de las herencias más significativas de la dictadura encabezada por Augusto Pinochet, que les ha garantizado a los militares miles de millones de dólares sin ningún control político desde el retorno de la democracia, en 1990.
El anuncio lo hizo ayer el ministro de Defensa, José Antonio Gómez.
“Sí, lo vamos a hacer. De hecho, lo estamos apurando. Estamos trabajando en una propuesta que está previsto presentar en 2016”, dijo Gómez al diario El Mercurio.
Diez por ciento. La Ley Reservada del Cobre obliga al Estado a destinar 10% de las ventas anuales de la cuprífera estatal Codelco, la mayor productora de cobre del mundo, a un fondo destinado para la adquisición, renovación y mantenimiento de material bélico, y que en los últimos cinco años ha recibido unos 6 mil millones de dólares.
La norma, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), ha sido duramente criticada por ser reservada, y pese a que se han presentado propuestas para ser modificada, ninguna de ellas ha fructificado.
“Vamos a sentarnos a conversar sobre el tema y después le llevaremos la propuesta a la presidenta de la República (Michelle Bachelet), quien va a decidir”, agregó Gómez.
El ministro chileno explicó que lo fundamental de la propuesta es asegurar un presupuesto para las Fuerzas Armadas “lo más transparente posible” en cuanto a la adquisición de material bélico, con una planificación al menos hasta los próximos diez años.
La continuidad de la ley fue nuevamente puesta en duda luego que meses atrás se destapó un millonario caso de apropiación indebida de recursos obtenidos gracias a esta norma, que involucra a oficiales del Ejército y que es investigado por la Justicia civil, militar y una comisión del Congreso.
Fraude. En una comparescencia que realizó ante la comisión parlamentaria, el ministro dio detalles sobre el escándalo. Precisó que el caso se detectó en abril de 2014 en el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), donde un individuo generaba enlances con proveedores para solicitar facturas por servicios no prestados. “Este no es un fraude del Ejército. Es un fraude al Ejército, dijo el ministro, y a los chilenos, con recursos que son públicos. La mayoría de los involucrados están presos”
