Ecuador clausuró en lo que va de año cerca de 30 clínicas ilegales que consideraban la homosexualidad como una enfermedad, por lo que ofrecían una posible cura a esta, mientras que colectivos homosexuales creen que podrían existir en el país alrededor de 200 centros de este tipo, según informó la agencia EFE.
“Dicen que son 200 en el país, es posible, si nosotros clausuramos casi 30, sería muy importante que denunciaran (los afectados) para que se clausuraran todas (las clínicas ilegales)”, dijo el ministro de Salud Pública encargado, Nicolás Jara.
Karen Barba, representante de la fundación Causana, explicó que estas clínicas se esconden detrás de centros de rehabilitación de personas adictas a las drogas, que aparentemente son legales, pero que se convierten en inconstitucionales cuando dan tratamientos a homosexuales, ya que la Carta Magna del país, aprobada en 2008, es la primera que reconoce los derechos de estas personas.
Caso emblemático. Paola Ziritt, de 28 años, estuvo dos años ingresada en uno de estos centros, donde “fue perdiendo las fuerzas para vivir”, tras sufrir diferentes abusos, incluso sexuales, insultos y torturas, como estar esposada, días sin comer, palizas o que los guardias le tiraran orina o agua helada por encima.
“Fue denigrante, humillante, horrible”, aseguró Ziritt, quien estuvo tres meses sola, esposada en una habitación que le llamaban “la sauna”, puesto que ahí dentro no había nada más que unos tubos, donde estaba atada y ni tenía luz. Un día, uno de los guardias se le acercó y se bajó la cremallera de la chaqueta.
Debajo de la cazadora, guardaba un trozo de pan, un yogur, leche y el libro “El hombre en busca de sentido”, que relata las vivencias del escritor, Viktor Frankl, en un campo de concentración nazi.
Pese que la madre de Ziritt fue quien la ingresó a la clínica ella misma la sacó de ahí, después de que su hija le hiciera llegar, a escondidas, una carta.
El rol de la familia. Por su parte, la activista Cayetana Salao manifestó que los homosexuales “no se sienten protegidos por el Estado” y explicó que diferentes colectivos organizaron recientemente un simbólico juicio en el cual el principal testimonio fue Ziritt y en el que se juzgó a diferentes autoridades por la existencia de los centros.
Entre el público estaba la asambleísta, María Paula Romo, del movimiento político de ruptura de los 25, quien resaltó que hay “discursos religiosos y políticos que se reproducen en la familia” y que reflejan perjuicios contra los homosexuales, lo que se tiene que combatir con educación, pues recordó que, en la mayoría de los casos, es la misma familia quien ingresa a las personas en estos centros.
