7th de March de 2021
INTERNACIONAL El difícil proceso de su consolidación
10-12-2020 13:32

Democracia y vigencia de los Derechos Humanos en América Latina

Hace 72 años la ONU adoptaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y, 37 años atrás, Argentina recuperaba la democracia. El desafío de continuar con ese legado.

*Juan Alberto Rial **Norberto Consani
10-12-2020 13:32

Un día como el de hoy, hace 72 años, la Humanidad daba un enorme paso para dejar atrás los horrores vividos durante la Segunda Guerra Mundial. Ese 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a través de la resolución 217 sin votos en contra. La Declaración es un vademécum de derechos y libertades inalienables de toda persona, aquellos que establecen límites al accionar del Estado sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

También un día como el de hoy, pero hace 37 años, los argentinos emprendíamos una enorme aventura colectiva: el retorno a la vida democrática. Y es en conmemoración a la adopción de la Declaración que nuestros presidentes, desde el advenimiento de la democracia, asumen su mandato un 10 de diciembre. Ello es indicativo del profundo compromiso de la democracia argentina con la vigencia, promoción y protección de los derechos humanos, desde su punto de partida, en 1983, hasta nuestros días. Y dicho compromiso no es privativo de ninguno de los gobiernos en particular ni de ningún partido puntual. Todos y cada uno de ellos han hecho aportes significativos en esta materia en los años recientes: durante la presidencia de Raúl Alfonsín se enjuició a las Juntas Militares y se ratificaron los instrumentos más representativos adoptados regional y universalmente; durante la de Carlos Saúl Menem se incorporaron a la Constitución Nacional los principales instrumentos de protección de los DD.HH., tanto los adoptados en la OEA como en la ONU; en la gestión de Fernando de la Rúa, Argentina convirtió a nuestro país en parte del Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional; en la administración de Néstor Kirchner, la Corte Suprema de la Nación declaró la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y la inconstitucionalidad de los indultos que beneficiaron a los represores de la Última Dictadura. Todo ello nos permite concluir que, en Argentina, los Derechos Humanos no tienen color político alguno y constituyen una política sobre la cual el pueblo argentino no admite disenso alguno. Es uno de los excepcionales puntos de encuentro de todos los argentinos.

Hay un aspecto que nos gustaría traer a colación con respecto a la Declaración. En el artículo 21 se establece que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos y que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. La Declaración tiene un innegable rasgo democrático. Por si ello fuera poco, la región, gracias al trabajo de la OEA y de sus miembros, han construido de manera paulatina pero sostenida, el Principio Democrático. Desde su Carta fundacional, que establece la aspiración del ejercicio efectivo de la democracia representativa como forma de organización política de los Estados americanos, pasando por la Resolución 1080 y el Protocolo de Washington (que permite sancionar a los miembros de la OEA cuando se quebrantara la institucionalidad), llegando hasta la Carta Democrática Interamericana (2001) que establece que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla, y que la misma es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas.

Con todo ello, queremos llamar la atención sobre el inescindible vínculo existente entre los Derechos Humanos y la vida democrática. Toda vista superficial al respecto o transigencia por supuestos compromisos ideológicos es una afrenta a quienes dieron la vida o dedicaron la suya a la construcción de la democracia en nuestra región. No importan las carátulas: gobiernos de derecha o de izquierda, progresistas o conservadores, moderados o radicales, la Democracia es un requisito inexcusable para que la vigencia de los Derechos Humanos sea real, y para que el desarrollo político, económico y social de los pueblos sea posible.

Podríamos discutir sobre cuál es la verdadera democracia, e imaginar que las diferentes interpretaciones que cada pueblo haga de la misma nos permitirán verla con diferentes fisonomías. Sin embargo, los miembros de la OEA ya acordaron los requisitos mínimos que la misma debe tener: imperio de la ley, separación de poderes, elecciones libres, libertad de prensa y de expresión, entre otros… la perpetuación en el poder, o el ejercicio de este sin plazo determinado y con el manifiesto propósito de permanencia, son incompatibles con el ejercicio efectivo de la democracia representativa. Así se ha dicho, y así es deseable que se preserve.

Y, por si fuera necesaria la aclaración, el Principio de No Intervención cede ante el quiebre de la Democracia. Uno no es un freno de las medidas pertinentes a ser adoptadas para garantizar la vigencia de la otra. Juegan armónicamente, no de manera antagónica.

No hay más excusas. No hay tonos grises. No hay margen para la tibieza. ¿Está la región comprometida con los Derechos Humanos y con la vigencia de la Democracia como forma de vida en nuestra América? Durante muchos años llegamos a creer que sí. Hoy, lamentablemente, hay más de un indicio que nos permite dudar. De nosotros depende volver a la senda que iniciamos tras la salida de las dictaduras. El deterioro de la Democracia y de la vigencia de los Derechos Humanos puede darse tan gradualmente que cuando nos percatemos de ello, será demasiado tarde. Exijamos a nuestros líderes cumplir con el mandato básico al cual se comprometen al asumir sus responsabilidades ante el pueblo: observar y hacer observar fielmente las Constituciones y las leyes de sus países.

No es una opción, No es transigible. El silencio, ante su vulneración, es complicidad. Honremos a quienes construyeron la Democracia de la cual gozamos hoy siendo guardianes de la misma.

*Secretario del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la Universidad Nacional de La Plata / **Director del IRI de la UNLP.