La ex presidenta transitora de Bolivia Jeanine Áñez, encarcelada desde marzo, acusada de delitos como genocidio, terrorismo, conspiración, resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, trató de suicidarse en su celda, en un episodio que el gobierno boliviano minimizó.
“El día de hoy (sábado) la ex presidenta constitucional Jeanine Áñez ha intentado quitarse la vida, ha intentado un autoatentado en el que gracias a Dios ha fracasado”, afirmó uno de sus abogados, Jorge Valda, después de que el gobierno informara que la dirigente se infringió una “autolesión” en una cárcel de La Paz, que le dejó “pequeños rasguños en uno de sus brazos”.
“Ella está enviando “un mensaje de ayuda, auxilio y socorro”, agregó el abogado de Áñez.
Por su parte, el gobierno minimizó explícitamente el episodio: “lamento informar al pueblo boliviano que habría pretendido, la señora Jeanine Áñez, generarse una autolesión en horas de la madrugada del día de hoy”, dijo el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, que agregó que la salud de Añez “es completamente estable, tiene unos pequeños rasguños en uno de sus brazos, sin embargo no hay de qué preocuparse”.
Pese a los dichos del ministro, Douglas Uzquiano, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), afirmó que lo sucedido califica como “delito de tentativa de suicidio”.
Consultado sobre las razones de las lesiones que se produjo la ex presidenta, el ministro Del Castillo respondió que, consultada, “ella manifiesta desconocer los móviles por los cuales habría intentado generarse algún tipo de lesión”.
Peligro. La familia de Áñez, que tiene 54 años, ha pedido de manera reiterada su traslado a un hospital para que sea sometida a tratamiento médico especializado, por sufrir principalmente hipertensión.
La ex presidenta interina había sido trasladada el miércoles por tercera vez en dos semanas al hospital, donde los médicos dijeron que le hicieron un examen de tórax y confirmaron su hipertensión. Pero volvió a la prisión. Su defensa no ha tenido éxito en sus pedidos a la Justicia para que se le otorgue detención domiciliaria.
También abogada de la ex presidenta transitoria, Norka Cuéllar afirmó por su parte que “lo que ha ocurrido hoy es un pedido de auxilio de la ex mandataria”, mientras que para el abogado Valda la vida de Áñez “corre peligro” bajo custodia de las autoridades.
“No se entiende, en la condición de salud que ella tiene, que se la ve bastante desmejorada, que es de conocimiento público, teniendo hipertensión arterial, que se la suba a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar”, afirmo en alusión al traslado de Áñez a un centro médico.
“¿Cuál es la intención del Gobierno? Definitivamente, en estos momentos la vida de Jeanine Añez en manos del Gobierno corre peligro”, declaró el abogado, que consideró que el oficialismo busca el “deceso” de Áñez para encubrir las acciones del Gobierno del MAS de Evo Morales desde las elecciones de 2019. Áñez sería así víctima de una “persecución política bastante dañina y perjudicial”.
La oposición urge por su salud. Tras conocer lo ocurrido con la ex presidenta, el gobernador de la rica región de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, pieza clave en la salida del poder de Evo Morales en 2019, señaló que “el gobierno de (el presidente) Luis Arce y su política revanchista está superando todos los límites”.
Acotó que “una y otra vez han manoseado la salud de Jeanine Áñez, en un comportamiento inhumano que es crueldad”.
Por su parte, el ex presidente de centro Carlos Mesa (2003-2005), dijo que las explicaciones oficiales sobre la salud de Áñez “no son serias ni creíbles” y pidió “el cese de su encarcelamiento político” para que “se defienda en libertad”.
Mesa y los ex mandatarios Jorge Quiroga (derecha, 2001-2002) y Jaime Paz (socialdemócrata, 1989-1993), pidieron en un comunicado dirigido a la Fiscalía y al Poder Judicial que adopten las medidas necesarias para “preservar la vida e integridad física y psicológica” de Añez.
Proceso en curso. La Fiscalía General de Bolivia presentó el viernes una acusación contra Áñez por “genocidio”, debido a la represión de partidarios del ex presidente Morales en noviembre de 2019, en dos zonas del país, en los que se produjeron al menos 22 muertos. La acusación fue presentada ante el Tribunal Supremo de Justicia, que debe pedir una autorización al Congreso para juzgarla.
El anuncio se produjo tras la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la OEA, que halló violaciones a los derechos humanos entre septiembre y diciembre de 2019 en Bolivia, especialmente ejecuciones extrajudiciales en las masacres de Sacaba y Senkata, en Cochabamba y el Alto, bajo el paraguas de un decreto que exoneraba de responsabilidad a las fuerzas de seguridad encargadas de “restablecer el orden” dictado por Áñez.
Áñez sucedió a Morales, en el poder desde 2006, quien dimitió cuando la policía y las Fuerzas Armadas le quitaron el respaldo en medio de una fuerte convulsión social y acusaciones opositoras de fraude en las elecciones de octubre de 2019 para continuar en el poder hasta 2025.
Morales, el actual gobierno de su delfín Luis Arce y el oficialismo en pleno acusan a Áñez y a la oposición política de haber promovido un golpe de Estado, con el apoyo de la Iglesia Católica, la Unión Europea, y los gobiernos del argentino Mauricio Macri y el ecuatoriano Lenín Moreno.
