Las fuerzas de seguridad de Venezuela detuvieron a unas 850 personas entre el lunes y el sábado de la semana pasada. De ellas, 696 fueron arrestadas en un único día -miércoles 23- en medio de manifestaciones antigubernamentales, una cifra que marca un récord en los últimos 20 años.
La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas informó además que entre esos detenidos se incluyen 77 menores de edad. La diputada opositora Delsa Solórzano dijo que "hay niños detenidos de 12, 13 y 14 años de edad". "Yo sé que para el régimen es difícil aplicar la legalidad, pero (los menores) son inimputables, como lo dicta la legalidad venezolana", reclamó.
La organización defensora de derechos humanos Foro Penal indica que, con estas 850 detenciones realizadas desde el 21 de enero, Venezuela acumula en sus cárceles un total de 976 presos políticos “y seguimos contando", según dijo Gonzalo Himiob, el director de esta ONG. Días antes del inicio de las manifestaciones, se había que el régimen de Nicolás Maduro mantenía 402 presos políticos, entre ellos 161 militares.
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El director de la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Rafael Uzcátegui, recordó a los venezolanos la importancia de que las víctimas y sus familias denuncien los hechos: "Necesitamos sus denuncias para poder castigar a los violadores de Derechos Humanos". Uzcátegui denunció ocho "ejecuciones extrajudiciales" después de las movilizaciones opositoras, en operativos en zonas populares.
Voluntad Popular (VP), uno de los partidos más importantes de la oposición venezolana, dio el lunes su propio balance cifrando en 43 los muertos y 956 los detenidos desde el 21 de enero. "En Venezuela, lamentablemente, se repite una vez más el escenario de represión contra los venezolanos", dijo la diputada Adriana Pichardo, de VP.
Pichardo acusó de esta violencia a los agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, que fueron el cuerpo elegido por el Palacio de Miraflores para sofocar las manifestaciones. "En nuestro país hay 402 presos políticos y, si sumamos las detenciones arbitrarias ejecutadas durante los últimos días, tenemos una cifra de más de mil personas víctimas de un régimen que utiliza el sistema de justicia para callar a un pueblo", dijo.
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Por otra parte menos 43 personas fueron “asesinadas de diferentes formas” en el marco de las protestas que se iniciaron la semana pasada contra el presidente del país, Nicolás Maduro, y en el marco de las cuales el titular de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamó "presidente encargado", según fuentes del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Los análisis de la oficina que dirige la expresidenta chilena Michelle Bachelet, que toman como referencia inicial el 21 de enero -dos días antes de la proclamación de Guaidó-, estiman que 26 personas murieron durante "ejecuciones en operativos" a manos de las fuerzas de seguridad oficialistas y milicias afines al gobierno de Nicolás Maduro.
Otras cinco personas perdieron la vida en allanamientos "ilegales" llevados a cabo por las autoridades en "barrios pobres", mientras que once murieron durante actos de saqueo, aunque en este caso el Alto Comisionado no pudo atribuir responsabilidades. Tampoco se conoce el autor de la muerte de un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, mostró el viernes pasado su preocupación por la escalada de tensiones en Venezuela e instó a las distintas partes a entablar un diálogo con el que evitar una crisis "fuera de control" con "consecuencias catastróficas".
"Cualquier incidente violento que derive en muerte o heridas debería ser sujeto de una investigación independiente e imparcial para averiguar si hay un uso excesivo de las fuerzas por parte de las autoridades o si el crimen ha sido cometido por grupos armados, sean aliados del Gobierno o de cualquier otro bando", reclamó Bachelet.
Rafael Uzcátegui afirmó que las autoridades venezolanas están presionando a las familias de los fallecidos para que omitan la participación de agentes del Estado en estos crímenes bajo amenaza de no entregar los cadáveres.
D.S.
