La insistencia del presidente Donald Trump de desconocer el resultado de las elecciones y de atacar el sistema electoral de los Estados Unidos, ha convertido el proceso de certificar el escrutinio en cada estado, habitualmente un trámite burocrático que no genera ninguna atención, en una serie de batallas legales, con presiones políticas de alto nivel y hasta amenazas de muerte para los funcionarios a cargo.
El presidente y sus aliados prosiguen su lucha contra el veredicto de las urnas con el despido de un alto funcionario encargado de la seguridad de las elecciones, presiones sobre políticos locales que supervisan el recuento y recursos judiciales.
Las permanentes críticas al sistema de votación que Trump y sus aliados realizan dieron un tono dramático a la certificación de los resultados en varios estados, especialmente aquellos que Joe Biden logró arrebatar a los republicanos para garantizar su victoria, como Arizona o Georgia.
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Una vez certificados los resultados por los organismos de control estaduales, será prácticamente imposible para el presidente revertir su derrota con recursos legales. La fecha límite será el 14 de diciembre, cuando el Colegio Electoral se reunirá para votar formalmente por uno o el otro candidato de las presidenciales. Biden tiene 306 delegados, contra 232 de Trump.
En Arizona, la secretaria de Estado Katie Hobbs, que es demócrata, lamentó el “consistente y sistemático socavamiento de la confianza” en las elecciones que realiza el presidente, y pidió a los representantes republicanos en estado, en el que Biden obtuvo los once delegados al colegio electoral por poco más de diez mil votos, que dejen de divulgar “desinformación”.
Hobbs reveló que al día siguiente de que el Estado anunció la victoria de Joe Biden ella y su familia recibieron amenazas de muerte.
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En otro estado tradicionalmente republicano, Georgia, el secretario de Estado Brad Raffensperger, que pertenece al partido del presidente, afirmó también haber recibido mensajes amenazadores y reveló que un influyente senador trumpista, Lindsey Graham, le pidió que busque la forma de anular votos.
Graham rechazó las acusaciones. “Se sintió amenazado por nuestra conversación, tiene un problema", dijo el senador, que preside el influyente Comité de Asuntos Judiciales.
Biden se impuso en Georgia por poco más de 14 mil votos, pero aún está en curso un recuento manual exigido por la campaña de Trump, en el que el candidato demócrata se mantiene al frente y asegura así los 16 delegados por el Estado.
El interés de los republicanos por Georgia no es casual. En el estado, las dos bancas al Senado que se disputaron el tres de noviembre fueron a segunda vuelta, que se realizará el cinco de enero. El partido de Trump necesita obtener al menos una para mantener el control de la Cámara Alta durante los próximos años.
También en Pensilvania y Wisconsin los abogados de Trump han presentado varios recursos para anular el escrutinio e impedir la certificación, pese a que no aportaron ninguna prueba.
Hasta ahora, ninguno de los recursos legales de Trump ha prosperado. Según cálculos del New York Times, el presidente necesitaría obtener al menos 77 mil votos más en Arizona, Georgia, Nevada y Wisconsin, para poder revertir el resultado.
