Tras años de flujos récord impulsados por las guerras en Medio Oriente y la pos-pandemia, el mapa demográfico y político de Europa está experimentando un cambio estructural sin precedentes. Tres de las mayores potencias de la región, el Reino Unido, Alemania e Italia, reconfiguraron drásticamente sus marcos legales para blindar sus fronteras e intentar estabilizar sus mercados de trabajo internos.
El Dilema Demográfico. A pesar del indudable éxito político y estadístico en la reducción de las cifras migratorias que estos tres gobiernos, los expertos y economistas advierten sobre los serios peligros estructurales a mediano y largo plazo. Europa afronta un envejecimiento de su población y una fuerte baja de natalidad. A esto hay que agregarle la falta de mano de obra, que hasta ahora suplantaba la inmigración.
Reino Unido. El cambio de mayor envergadura se dio en territorio británico, donde hubo una de las caídas más veloces y marcadas de su flujo migratorio en la historia reciente. La migración neta al Reino Unido se redujo prácticamente a la mitad en solo un año: cayó un 48%, para situarse en 171.000 personas en 2025.
Las principales herramientas empleadas por la administración británica para ejecutar este “cerrojo” burocrático incluyen varias medidas.
En primer lugar, restricciones severas de acompañamiento familiar: se prohibió a los estudiantes internacionales y a los trabajadores de los sectores sanitario y de cuidados asistenciales que inmigrasen acompañados de sus dependientes directos (cónyuges e hijos).
También se fijó en 41.700 libras anuales (unos 56.000 dólares), el salario mínimo requerido para patrocinar un visado de trabajo calificado, dejando fuera del mercado a perfiles de ingresos medios e impidiendo que muchas empresas abusaran de mano de obra barata.
En tercer lugar, el período mínimo de residencia ininterrumpida para poder solicitar el permiso de residencia permanente se amplió de 5 a 10 años. Y se comenzó a exigir un nivel certificado de inglés B2 para trabajadores calificados, visados de expansión comercial y graduados de alta cualificación.
Otro punto polémico fue el proyecto de ley de Inmigración y Asilo aplicado en 2026. El Gobierno introdujo una cuota obligatoria de hasta 11.600 euros a los refugiados para poder optar al estatus de residente permanente, destinada a sufragar sus costos de manutención previos.
Alemania. El gobierno germano también terminó con la “cultura de bienvenida” a los inmigrantes. La presión política de la derecha en el país -el principal receptor de refugiados del bloque europeo con más de 2,7 millones de personas registradas en su territorio para 2025- puso fin a la antigua era de la hospitalidad incondicional.
Reactivó los controles policiales fijos en los límites terrestres con varios socios de la Unión Europea, dificultando la entrada irregular; aceleró las deportaciones de delincuentes extranjeros y de personas no deseadas y recortó las prestaciones en efectivo a los solicitantes de asilo.
Italia. El gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni diseñó una estrategia que combina una contención militar en el mar Mediterráneo con un impulso controlado a la inmigración de perfiles técnicos específicos.
El Ejecutivo aprobó una estricta legislación migratoria en febrero de 2026, que permite imponer “bloqueos navales” de hasta seis meses, restringiendo e impidiendo el ingreso de cualquier embarcación de rescate humanitario o de migrantes en aguas italianas en situaciones de “afluencia drástica”. Todo esto contribuyó para frenar la afluencia migratoria.
