“Ya empezaron a recibir el mensaje clarito”, se congratuló ayer el presidente colombiano, Iván Duque, después de que nueve miembros de un grupo disidente de las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) murieran durante una operación de gran escala de las Fuerzas Armadas en San Vicente del Caguán, un antiguo bastión rural de la guerrilla en el sur del país, según informó el Ministerio de Defensa.
La aparición de Márquez y su banda generó algunos temores a que se produzca un reagrupamiento de grupos residuales de las ex FARC en zonas del territorio nacional donde las condiciones podrían prestarse para cierta agitación armada (ver nota aparte). Duque, heredero forzado de un acuerdo que tiene rango constitucional, se está montando sobre esos miedos.
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Al comentar los resultados letales del operativo de anteanoche, que incluyó asedio aéreo y bombardeo, el mandatario dijo que uno de los muertos es “Gildardo Cucho”, cabecilla del grupo, y aseguró que “este criminal dedicado al narcotráfico, el secuestro y la intimidación de líderes sociales pretendía ser parte de la estructura amenazante que ayer se presentaba al país como una nueva guerrilla”, en alusión a la fracción de “Iván Márquez”.
Se estima que unas 1.800 personas integran los 24 grupos disidentes de las ex FARC que rechazaron el proceso de paz. La mayoría se dedica al narcotráfico y la minería ilegal. El gobierno de Duque empezó ayer mismo a agitar el fantasma de una rearticulación entre esos grupos bajo el mando de Márquez.
Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) de Bogotá, relativiza el riesgo. “Muchas de las disidencias de las ex FARC viven del crimen organizado, por lo que difícilmente les interese unirse a un grupo con perspectiva militar como el de Márquez que los convertiría en un blanco aún mayor para el Estado”, dice el especialista colombiano a PERFIL; y agregó que tampoco vislumbra un efecto dominó sobre los ex combatientes que hoy acatan el acuerdo de paz.
“La inmensa mayoría está comprometida con el proceso de reincorporación social −afirma Restrepo−. Hablamos de 10.500 ex combatientes que reciben asistencia alimentaria, renta básica y capacitación en educación y formación laboral. Si no reincidieron hasta ahora, no veo que haya un nuevo gran incentivo como para abandonar su reincorporación”.
La esencia del proceso de paz son los miles de ex combatientes rasos. Y el propio gobierno de Duque lleva todo el año diciendo que están cumpliendo masivamente. Según un informe de La Pulla, un canal de opinión de diario colombiano El Espectador, más de 700 ex guerrilleros desmovilizados se graduaron en carreras universitarias, decenas de ellos participan en misiones científicas y campeonatos deportivos, cientos trabajan en las zonas de reincorporación, donde realizan actividades productivas y montan empresas legales y algunos hasta fueron convocados a combatir la deforestación en el Amazonas gracias a sus conocimientos sobre la selva. La prensa colombiana incluso dio cuenta de un baby boom entre los ex combatientes, que salieron de la clandestinidad y empezaron a tener hijos.
La cúpula de las ex FARC también está mayoritariamente comprometida con el proceso de paz. Su líder “Timochenko” calificó de traidores a Márquez y los suyos. Para las próximas elecciones, el nuevo partido político que reúne a los ex jefes guerrilleros tiene listas en ocho departamentos y 60 concejos y candidatos propios para 13 alcaldías.
Impacto. Si la movida de Márquez no parece amenazar el acuerdo de paz, sí tiene un efecto sobre la percepción política y social acerca de uno de sus fundamentos: la justicia de transición. Al fin y al cabo, Márquez y sus laderos son reincidentes que están libres porque gozaron de los beneficios de la llamada Justicia Especial para la Paz (JEP), una estructura criticada por varios colectivos de víctimas.
“Existe un cuestionamiento grande de la sociedad colombiana hacia la justicia transicional −señala Restrepo−. La aparición de Márquez puede tener un impacto negativo sobre la JEP, que ha mostrado una gran lentitud para responder a las demandas de justicia en la transición hacia el posconflicto”.
En cuanto a Duque, dinamitar el acuerdo de paz tendría mucho más costo que beneficio para su gobierno. Por ahora, la mayor parte de su partido, el Centro Democrático, está a favor de no radicalizarse tanto. Con la excepción de siempre: el ex presidente Alvaro Uribe.
“Los grupos residuales suman del 15 al 25% de la ex fuerza guerrillera”
El activista colombiano Camilo González Posso milita por la paz en su país desde hace tres décadas. Es el presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) desde 1994 y colaboró como especialista en procesos de paz y desmovilización en Colombia y en el extranjero. En diálogo con PERFIL desde Bogotá, González Posso explicó las razones por las que toma con preocupación el anuncio de un grupo disidente de las ex FARC, liderado por el ex jefe guerrillero “Iván Márquez”, de que volverán a las armas.
—¿Existe riesgo de que el anuncio de “Iván Márquez” fortalezca a las disidencias de las ex FARC?
— Puede acelerar una crisis de credibilidad entre ex combatientes descontentos por el incumplimiento del gobierno y los intentos del uribismo de reducir los acuerdos a un tramite de desmovilización y reinserción. Márquez intentará reagrupar efectivos en Guaviare, Meta, Caquetá, Cauca, Norte de Antioquia, Catatumbo, donde hay residuos de las FARC, y puede llegar a formar un grupo de varios centenares. Los cálculos indican entre el 15% y el 25% de la fuerza armada que tenían las FARC antes del pacto de paz, lo que implica posibilidades de agitación armada en esas regiones. No se produjo una desbandada de ex combatientes, pero sí hay peligro de reincidencia en un ambiente de manejo irresponsable del gobierno. De todos modos, la maniobra de Márquez no tiene capacidad de recomponer un ejército guerrillero como el que conformaron las FARC aún en sus momentos de mayor debilidad.
—¿Qué grado de impacto tiene el anuncio de Márquez sobre el proceso de paz?
—Por un lado se fortalecen las expresiones de respaldo a los acuerdos y a la búsqueda de una paz más completa que incluya al ELN y sectores de poder autoexcluidos. Por el otro, la ultraderecha aprovecha el momento para retomar la iniciativa después de su derrota cuando intentaron destruir la Jurisdicción Especial para la Paz en el primer semestre del año. Uribe ha llamado a retomar las iniciativas para “sacar de la Constitución” los acuerdos de paz.
— ¿Qué pasos políticos cabe esperar ahora por parte del gobierno de Iván Duque?
— Duque aprovecha para reforzar la nueva teoría de la seguridad nacional, según la cual Colombia está ante la triple amenaza del narcoterrorismo, la dictadura en Venezuela aliada de potencias extracontinentales y grupos de crimen organizado que le sirven de soporte. Con esa retórica, el gobierno está recomponiendo los instrumentos de guerra montados durante los gobiernos de Uribe y Santos. La estrategia de seguridad es parte de la estrategia de ocupación del territorio por megaproyectos en un renovado concepto de seguridad nacional corporativa.
Quien es Camio González Posso
☛ Camilo González Posso es colombiano, tiene 72 años y es activista por la paz en su país desde hace tres décadas.
☛ Es presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) desde 1994.
☛ Colaboró como especialista en procesos de paz y desmovilización en Colombia y otros países en conflicto.
☛ En los años ochenta participó en las negociaciones de paz con la guerrilla del M19; y a fines de los años noventa ayudó en los diálogos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
