El memorándum firmado entre la Argentina e Irán por la causa AMIA quedará sujeto a los vaivenes políticos domésticos de la república islámica. Mahmoud Ahmadinejad aprobó el acuerdo esta semana sin que el texto pasara por el Parlamento persa. Pero el presidente iraní dejará el poder el 6 de agosto y será reemplazado por el sector de los conservadores cercanos al ayatolá Alí Jamenei, lo que podría traducirse en posturas más inflexibles en política exterior.
Las elecciones del 14 de junio en Irán serán las más restrictivas desde la Revolución Islámica de 1979. El Consejo de los Guardianes, controlado por Jamenei, ejerció su poder de veto para dejar fuera de la competencia al candidato de Ahmadinejad, enfrentado con el ayatolá, y al ex presidente Alí Rafsanjani, esperanza de los sectores moderados y uno de los políticos más populares del país. Rafsanjani es uno de los funcionarios iraníes imputados por la Justicia argentina en la causa AMIA.
Por ahora, quedan en carrera ocho candidatos: cinco conservadores del entorno del líder supremo, dos reformistas moderados y un independiente. Pero la cuidadosa selección del Consejo garantiza que la verdadera disputa sea entre los conservadores cercanos a Jamenei. El que logre imponerse como “primus inter pares” dentro de ese grupo tendrá amplias chances de suceder a Ahmadinejad.
La competencia entre los conservadores se dirimirá entre el negociador nuclear Saeed Jalili y los miembros del Comité 2+1: el alcalde de Teherán, Mohamad Qalibaf, el ex presidente del Parlamento, Gholam Hadad Adel, y el ex canciller Alí Akbar Velayati, uno de los acusados por la AMIA. A su vez, es posible que otro de los imputados por el atentado de 1994, Mohsen Rezaei, se presente por fuera de la alianza conservadora, aunque sus chances electorales son mínimas.
Jalili parte como favorito. Antes de la presentación de las listas, los integrantes del Comité 2+1 se habían mostrado dispuestos a declinar sus candidaturas si él decidía competir. Aunque tiene escasa experiencia en gestión, Jalili se ganó el aprecio del ayatolá luego de años de ejercer como un muro de contención ante las presiones de Washington contra el programa nuclear iraní. Sus antecedentes sugieren que, con él en la presidencia, Teherán endurecería sus líneas de política exterior.
Llegada esa instancia, Jalili debería decidir qué hacer con el memorándum que firmó Ahmadinejad. A su vez, los sectores más duros del régimen encontrarían en Jalili un interlocutor más receptivo para sugerir eventuales revisiones al memorándum, en especial sobre la cuestión de las circulares rojas de Interpol.
Desde ese punto de vista, la llegada de Jalili a la presidencia podría suponer un riesgo para la vigencia del memorándum. Pero al mismo tiempo abriría una ventana de diálogo a la Cancillería argentina: como negociador nuclear de Teherán, Jalili interactuó con el argentino Rafael Grossi, ex número dos de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y actual embajador en Viena. Grossi es un experto en asuntos nucleares, quien trabajó discretamente en las negociaciones con Irán y que podría jugar un importante rol si Jalili llega al poder.
Sin embargo, no está todo dicho en la contienda electoral iraní. Pese a las promesas, aún no está claro que los miembros del Comité 2+1 vayan a bajar sus candidaturas. Y aunque Qalibaf es el más popular de los tres, Velayati es uno de los predilectos de Jamenei. Si el ex canciller ganara los comicios de junio, se daría una situación insólita: un imputado por el atentado a la AMIA debería decidir si ratificar o rechazar el acuerdo con la Argentina que dejó firmado Ahmadinejad.
Consultado sobre los acusados que podrían ocupar cargos en Teherán, el encargado de negocios de Irán en Buenos Aires, Alí Pakdaman, sostuvo que “son personas sospechadas, no culpables, ya que existe un principio de inocencia” y descartó que el acuerdo pueda complicar su situación política. En el caso de Velayati, la ratificación del memorándum ni siquiera lo obligaría a declarar ante el juez: sobre él no hay notificación roja de Interpol porque lo protege su condición de alto funcionario.
