Chile se prepara para unas elecciones presidenciales cruciales el próximo 16 de noviembre de 2025, en las que también se renovarán los 155 escaños de la Cámara de Diputados y 25 del Senado. Estos comicios, regidos por la incertidumbre del restablecimiento del voto obligatorio y bajo un clima político fragmentado, pondrán a prueba la capacidad del país para procesar democráticamente las tensiones acumuladas desde el estallido social de 2019, los fracasos constituyentes y una ciudadanía cada vez más desconfiada de las élites políticas.
El contexto preelectoral está marcado por una crisis prolongada de legitimidad institucional. Tras dos procesos fallidos para redactar una nueva Constitución —primero bajo la hegemonía progresista en 2022 y luego bajo el predominio conservador en 2023—, Chile continúa rigiéndose por la Carta Magna de 1980, con diversas reformas. Esta situación ha generado un clima de frustración y apatía que se tradujo en la baja participación de las primarias de junio pasado, donde apenas votó el 9% del padrón habilitado. A ello se suma el desgaste del gobierno de Gabriel Boric, con una coalición debilitada y niveles de aprobación en descenso.
En el plano institucional, el país mantiene un sistema presidencialista y representativo, con un Congreso elegido mediante un sistema proporcional inclusivo que reemplazó al binominal en 2015. El Servicio Electoral (Servel) y el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) garantizan la legalidad de los procesos, mientras que las leyes de cuotas y paridad de género han mejorado la representación femenina, aunque sin lograr una plena equidad.
Los candidatos a la presidencia de Chile
La oferta electoral de 2025 refleja la fragmentación del sistema político. Ocho candidaturas compiten por la presidencia, aunque cuatro con posibilidades reales: Jeannette Jara (Partido Comunista y Accion Humanista), José Antonio Kast (Partido Republicano), Evelyn Matthei (Chile Vamos), Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), Franco Parisi (Partido de la Gente), Marco Enríquez-Ominami (Independiente), Harold Mayne-Nicholls (Independiente) y Eduardo Artés (Independiente). Cada una expresa sensibilidades distintas frente a un electorado dividido entre demandas de seguridad, crecimiento y estabilidad.
Jara, de la coalición oficialista y exministra de Trabajo, se impuso en las primarias del oficialismo con más del 60% de los votos y encabeza actualmente las preferencias en primera vuelta. Su perfil combina pragmatismo económico y sensibilidad social: propone un salario mínimo vital de 750.000 pesos, una empresa estatal del litio y un enfoque integral de seguridad que combine prevención, inversión social y fortalecimiento institucional. Su desafío radica en ampliar su base más allá del voto disciplinado del PC y de la izquierda progresista, difícil alcanzar el 50% requerido en la segunda vuelta cuando los niveles de aprobación del gobierno llegan al 30%.
En el campo opositor, sin mediar primarias, Kast consolida su posición como el principal referente de la derecha. El líder del Partido Republicano capitaliza el malestar ciudadano con un discurso de orden, autoridad y mano dura frente a la delincuencia, el narcotráfico y la inmigración irregular. Su discurso conservador matizado en esta campaña respecto de la del 2021 y la emergencia de un candidato que reivindica la dictadura de Pinochet como Johannes Kaiser le permitió ampliar base electoral hacia la derecha clásica perjudicando a la candidata de “Chile Vamos”. Las encuestas más recientes del Panel Ciudadano UDD (noviembre de 2025) muestran que Kast ha superado a Matthei en intención de voto, confirmando su predominio en el espacio conservador.
Kast, Mathei, Kaiser quien logre ingresar a la segunda vuelta junto a Jara, parece tener el camino hacia el Palacio de La Moneda allanado. Acompañando la tendencia regional, la derecha se encuentra en mejores condiciones de capitalizar el descontento ciudadano.
José Antonio Kast, el ultraconservador "estilo Milei" que polariza la carrera presidencial en Chile
En paralelo, el clima social chileno está dominado por la inseguridad, la delincuencia y el narcotráfico, que hoy son las principales preocupaciones de la ciudadanía según todas las mediciones. La violencia urbana y el temor al desborde de la migración irregular han impulsado un giro discursivo en la campaña, donde las promesas de “orden” y “autoridad” se han vuelto moneda común. Este contexto ha favorecido el crecimiento de discursos xenófobos y nacionalistas, que buscan capitalizar la percepción de amenaza externa y la demanda de control territorial, especialmente en las regiones del norte.
Frente a ello, el electorado chileno se muestra más pragmático que ideológico: prioriza la seguridad, la estabilidad económica y la eficiencia del Estado sobre las grandes reformas estructurales. El voto obligatorio podría incorporar nuevamente a sectores populares y rurales, pero no necesariamente revertirá el escepticismo generalizado hacia la política. El desafío de los candidatos será, por tanto, reconstruir confianza en un país que demanda certezas más que sueños.
Jeannette Jara, la disidente del PC que desafía el establishment en la carrera presidencial en Chile
Las elecciones de noviembre no solo definirán quién gobernará Chile entre 2026 y 2030, sino también qué tipo de contrato social emerge después de una década de crisis política. El país llega a la cita con las urnas entre la fatiga democrática y el miedo a la inseguridad, entre el desencanto con las élites y la esperanza de recuperar un orden perdido. En esa tensión —entre la búsqueda de dignidad y la necesidad de control— se juega el futuro inmediato de la democracia chilena.
* Dolores Gandulfo Directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), miembro del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina y el Caribe (IIJ-UNAM), del Consejo Asesor Latinoamericano de Institute for Integrated Transitions (IFIT) y la Red de Politólogas.
Dirige la Diplomatura Superior en Sistemas Electorales Comparados de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y es Doctoranda en Ciencia Política de la Universidad Nacional de General San Martín (Argentina), Mágister de políticas públicas de la Universidad de Georgetown y Licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador.
