El presidente de Francia, Emmanuel Macron, volvió a ver este martes las protestas en las calles por la reforma jubilatoria que su gobierno anunció al comenzar el año. Con un fuerte repudio del sindicalismo local, intentará conseguir los votos en un congreso donde perdió mayoría absoluta en 2022.
La idea del mandatario de ampliar la edad de la jubilación no fue bien recibida por el pueblo francés. Amparado en el argumento del equilibrio económico en cuanto al mantenimiento de los ciudadanos mayores por parte de la población económicamente activa, el Presidente intenta dictaminar una nueva ley que generaría un cambio estructural en el sistema económico de su país.
El 10 de enero, día en el cual se anuncio el deseo del Poder Ejecutivo, la primera ministra Elisabeth Borne lo dejó claro: "Con una edad legal de jubilación de 64 años a partir de 2030 y 43 años de cotización, lograremos el objetivo: nuestro redistributivo alcanzará entonces el equilibrio".
La respuesta del gremialista Frédéric Souillot dejó claro que la disputa en las calles sería sólo el comienzo de las hostilidades contra la gobernación macronista. "Si Macron quiere llevar a cabo su madre de todas las reformas, para nosotros será la madre de todas las batallas", avisó.
Cuáles son los puntos principales de la reforma de Macron
Con todo, el proyecto busca retrasar dos años el tiempo de jubilación mediante un aumento gradual de tres meses por año a partir de septiembre hasta el 2030.
También agrega que en el año 2027 los años de aporte deberán ser 43 en lugar de 42 para tener una pensión plena. De ese modo, el sueldo pasaría a un monto de 1.200 euros mensuales para los nuevos jubilados.
Una de los puntos que continuarán de igual manera serán las jubilaciones anticipadas para los trabajadores públicos que se desempeñen en rubros de exposición física y mental. Sin embargo, la edad para terminar de pertenecer a la población económicamente activa será la misma que la general.
Además buscará impulsar la tasa de empleo entre personas entre 60 y 64 años, aumentarán las pensiones de los pobres entre un 2,5% y 5%, y equilibrarán el presupuesto de pensiones que para 2030 se estima en un déficit de 13.500 millones de euros.
Esto generaría, si el proyecto toma vuelo, un ahorro de 17.700 millones de euros para ese año. La misión no es fácil y los legisladores que responden al presidente deberán salir a buscar votos en otras peceras, ya que en las últimas elecciones perdieron la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional quedando por debajo de los 289 diputados necesarios.
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