Un Estado Plurinacional, la especificación de lo que se considera “incapacidad moral o física del presidente” y por ende la limitación de los poderes de un Congreso con apenas el 9% de aprobación, son algunos de los cambios que la Constitución podría aportar para salir de una crisis institucional que no es nueva en Perú: un país que en seis años tuvo cinco presidentes.
El artículo 113 de la Carta Magna establece que, entre los motivos de vacancia de un mandatario, se encuentra la declaración de “incapacidad moral o física” por parte del Congreso. No existe, sin embargo, ninguna especificación al respecto en el texto que sigue.
La modificación de la Constitución es uno de los reclamos de los miles de manifestantes que viajaron desde el interior del país hacia Lima, la capital, que hasta ahora se mantenía más alejada de los reclamos del sur, baluarte del expresidente Pedro Castillo. El sector que permitió su triunfo está compuesto por el campesinado, los pueblos indígenas y quienes dicen sentirse históricamente excluidos del resto del país.
Esos sectores se reunieron también para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la disolución del Congreso y el llamado a elecciones. Algunos, además, piden la liberación del exmandatario y compañero de fórmula de Boluarte.
En parte, gracias a la ambigüedad del artículo 113, Castillo dejó de ser presidente el 7 de diciembre de 2022, luego de intentar disolver el Parlamento y gobernar mediante decretos, mientras se establecía una fecha para votar por nuevos legisladores. Ya había pasado por una denuncia constitucional y dos mociones de vacancia, y se preparaba para la tercera.
Quienes reclaman una reforma o una nueva Constitución son mayoría. Según el Instituto de Estudios Peruanos, los primeros representan el 45% de la población y los segundos, el 40%. En tanto quienes consideran que el texto (aprobado en 1993 durante el gobierno de Alberto Fujimori) no debe modificarse son apenas el 12%.
Dentro de estos números generales existen particularidades interesantes: no es lo mismo medir la popularidad del Congreso en Lima (11%) que en las zonas rurales del país (6%), ni tampoco el nivel de aprobación de la presidencia de Dina Boluarte en Lima (28%) que en el interior rural (9%).
La incorporación de derechos a un posible nuevo texto constitucional también tiene diferencias. Las principales son en cuestiones como la despenalización del aborto (54% en contra en Lima, 60% en las zonas rurales del país), el restablecimiento del servicio militar obligatorio (75% a favor en Lima, 77% en las zonas rurales) y el matrimonio igualitario (65% y 79% en contra respectivamente en Lima y en las zonas del sur del país).
Teniendo en cuenta lo anterior, una reforma de la Constitución o la redacción de un nuevo texto en Perú tendría más un impacto político que a nivel de incorporación de derechos. A diferencia de otros casos, como el intento chileno, una nueva Carta Magna podría poner fin a décadas de inestabilidad, pero dejaría otros estallidos pendientes.
En medio de la crisis, los legisladores presentaron un proyecto para modificar el texto en su artículo 90-A, que establece que “Los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo período, de manera inmediata, en el mismo cargo”. El objetivo de “Somos Perú”, el partido que promueve esta iniciativa, es que los legisladores puedan mantenerse en sus bancas. Mientras tanto, las calles piden su destitución inmediata.
