Desde San Pablo
En un gesto de desesperación, la presidenta Dilma Rousseff canceló ayer sus viajes a Vietnan y Japón programados para la próxima semana. No le quedó otra alternativa que enfrentar, desde Brasilia, dos nuevas y graves crisis con el potencial de desplazarla del gobierno de Brasil. A lo largo de la semana, Dilma se vio ante el arresto del líder del Partido de los Trabajadores (PT) en el Senado, Delcídio Amaral; y ante acusaciones que la pueden involucrar en el escándalo de corrupción en Petrobras y/o amenazar la legitimidad de su reelección en 2014.
La presidenta también se ve atrapada en el Congreso y al borde de enfrentar un eventual proceso de impeachment mucho más consistente y pesado de lo que podría abrirse el próximo lunes en la Cámara Diputados sobre los llamados “pedaleos fiscales”. Rousseff está ante el riesgo de ser imputada por presunta violación de la Ley de Responsabilidad Fiscal: su gobierno va a cerrar el año con un inevitable déficit de 120 mil millones reales en las cuentas primarias. La ley presupuestaria todavía mantiene la meta de saldo positivo de 55,3 mil millones de reales.
Su salvación sería la aprobación en el Congreso, el próximo martes, de una modificación de dicha meta. Pero sus chances allí son mínimas. Otra alternativa, recortar 95 mil millones de reales en los gastos públicos en diciembre, parece ser imposible. Ayer, en otro gesto de desesperación, ella firmó un decreto para el recorte de sólo 10 mil millones de reales en los gastos.
“Este es el cuadro conduce al inevitable impeachment a la presidenta”, afirmó a PERFIL el presidente del partido Demócrata, senador José Agripino Maia. “Ella está luchando contra hechos y números. No tiene apoyo en el Congreso, después del arresto de su líder en el Senado, ni alternativas”.
Problema tras problema. En paralelo, las investigaciones de la Policía Federal y de la Fiscalía de la República sobre la red de corrupción en Petrobrás, en el marco de la Operación “Lava Jato”, se acercan a la mandataria y a su padrino político, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
En su último testimonio ante los fiscales federales, el ex director de Petrobras Néstor Cerveró, habría mencionado que Rousseff “sabía de todo sobre (la compra de la refinería americana) Pasadena” por parte de Petrobras y que ella lo presionaba por el pronto cierre del negocio. Esa adquisición causó un perjuicio de 729 millones de dólares a la petrolera estatal, y fue aprobada por Dilma, quien entonces presidía el consejo de Petrobras y era ministra de la Casa Civil de Lula.
Otra reciente acción emblemática de la Policía fue la detención de José Carlos Bumlai, amigo íntimo de Lula, por haber supuestamente mediado en un contrato de mil millones de reales entre Petrobras y el Grupo Schahin. Como compensación, el Banco Schahin concedió un préstamo de 12 millones de reales a Bumlai, que lo traspasó a las arcas del PT. Si se confirma que ese monto sirvió para financiar la campaña de Dilma en 2014, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) podría cancelar su reelección.
El escándalo del senador
La Policía brasileña detuvo ayer a un abogado vinculado a la red de corrupción que operaba en Petrobras y que participó en maniobras hechas por el senador Delcídio Amaral, arrestado el miércoles, para obstaculizar la acción de la Justicia. Edson Ribeiro, quien defendió al ex director de Petrobras Néstor Cerveró, también preso por el escándalo, fue detenido en el aeropuerto de Río de Janeiro cuando regresaba al país desde los Estados Unidos.
Según la Fiscalía, el abogado participó en maniobras hechas Amaral, líder de la bancada del PT en el Senado, para intentar librar de la prisión a Cerveró o, al menos, suavizar su condena. Documentos y grabaciones obtenidas por la Fiscalía comprueban que el senador y el abogado también intentaron sobornar al ex director de Petrobras a cambio de que no aceptase un acuerdo de cooperación con la Justicia.
