Este jueves, la Policía Federal de Brasil inició una operación dirigida contra el expresidente Jair Bolsonaro y varios de sus asociados, incluido el exministro de Defensa Walter Braga Netto. Se les acusa de estar involucrados en un presunto plan golpista destinado a mantener a Bolsonaro en el poder después de las elecciones de octubre de 2022.
Este jueves, las autoridades realizaron registros en la residencia de Bolsonaro en Angra dos Reis, estado de Río de Janeiro, mientras también le solicitaron la entrega de su pasaporte. Junto con la solicitud de los documentos de todos los sospechosos, las medidas cautelares incluyen la prohibición de salir del país, de comunicarse entre sí y la suspensión de sus funciones públicas.
"Salí del gobierno hace más de un año y sigo sufriendo una persecución implacable. Olvídenme, ya tienen a otro gobernando el país", publicó el diario Folha de Sao Paulo que protestó Bolsonaro durante la operación policial.
En el contexto de la operación 'Tempus Veritatis', la Policía llevó a cabo unas treinta órdenes de registro y otras cuatro de prisión preventiva. Entre los detenidos se encuentran dos antiguos asesores de Bolsonaro, Filipe Martins y el coronel Marcelo Camara, así como el mayor de las Fuerzas Especiales del Ejército, Rafael Martins.
"El 8 de enero fue una trampa de la izquierda", dijo Jair Bolsonaro
En el marco de las averiguaciones, figuran como investigados el exministro de Defensa, Paulo Sérgio Nogueira, el ex titular de Justicia Anderson Torres, quien previamente estuvo detenido varios meses tras los incidentes del 8 de enero, y el líder del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto. También están bajo escrutinio el excomandante de la Marina, el almirante Almir Garnier, y el exjefe del Gabinete de Seguridad, el general Augusto Heleno Ribeiro.
Según las pesquisas, los implicados difundieron teorías infundadas sobre un supuesto fraude en las elecciones de 2022 antes de su celebración, con el propósito de justificar una eventual intervención militar posterior.
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La trama estaría dividida en dos partes: la primera sería ejecutada por las llamadas 'milicias digitales', encargadas de difundir a través de los medios y las redes sociales las presuntas irregularidades del proceso electoral. En la segunda parte, supuestamente respaldada por algunos militares, se llevaría a cabo la asonada.
La Policia aseguró también que el grupo actuó "para subsidiar la abolición del Estado Democrático de Derecho, a través de un golpe de Estado, con apoyo de militares con conocimientos y tácticas de fuerzas especiales en un ambiente políticamente sensible".
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