Brasil figura entre aquellos países latinoamericanos con mayor índice de violencia. Y según un informe del Fondo Monetario Internacional, publicado en forma reciente, eso puede afectar su economía, sea por la demora en el ingreso de inversiones esperadas, o también por el aumento de los costos de producción adicionales por cuestiones de seguridad. De acuerdo con FMI, el PBI brasileño, que subirá según los cálculos privados y del propio Fondo alrededor de 2% este año, podría mejorar si "el nivel de criminalidad en el país se acercara a la media mundial". Hoy, está en una tasa de 21,2 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Más abajo que México, con 28,37; y casi igual a Colombia, con 23 por cada cien mil. La medida mundial es de 5,8.
La Argentina, para sorpresa de muchos, está en un nivel muy bajo: el gobierno que finalizó en 2023, logró llevar la tasa de asesinatos anuales a apenas 4,1, por debajo inclusive de la cifra de 6,84 crímenes violentos por cada cien mil ciudadanos que exhibe Estados Unidos. Los especialistas se han sorprendido del indicador de modo de vida pacífico exhibida por la sociedad argentina, en una región continental que se destaca exactamente por lo contrario. América representa apenas 8% de la población mundial, pero es responsable por casi la mitad de las muertes violentas en el mundo.
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Las posibilidades de superar posiciones sociales en Argentina explican los bajos índices de criminalidad. Pero si ese escenario se revirtiera, por ejemplo por el aumento de jóvenes y adolescentes sin posibilidad de avanzar por medio del estudio y el trabajo, la violencia criminal podrá dejar al país en llamas. Desde 2016, la clase media y media baja ya expulsó a 1,2 millones de argentinos, según un documento reciente de la Bolsa de Comercio de Mendoza. La institución señala que “el deterioro se explica por el constante aumento de la inflación por encima de los salarios”.
En el caso de Brasil, son múltiples las causas de la extrema violencia ciudadana. Pero hay una causa que revela la subsistencia de altos niveles de crímenes: el fenómeno se llama "letalidad policial". Aun cuando el número de homicidios cayó en forma significativa en 2023, primer año del tercer gobierno de Lula da Silva, se elevó sustancialmente las muertes derivadas de operaciones policiales, especialmente en favelas y barrios pobres.
Los cuatro estados más afectados son Bahía, Río de Janeiro, Goiás y San Pablo. Esa violencia mortífera de las acciones policiales se agudizó notoriamente desde 2014 en adelante. Ese año marcó el comienzo del proceso de destitución de Dilma Rousseff, a quién le siguieron, con un golpe parlamentario de por medio, el derechista Michel Temer y luego el ultraderechista Jair Bolsonaro.
En el escenario brasileño, San Pablo es uno de los estados que sufre una gran racha de muertes a manos de fuerzas represivas. Bajo el gobierno del carioca Tarcísio de Freitas, un político de tendencia bolsonarista, aumentó en 38% la cantidad de homicidios provocados por la policía paulistas.
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En Río de Janeiro ocurren fenómenos similares, que ponen en jaque las políticas de seguridad del gobierno Lula. Pero en este caso en particular, lo más preocupante es la guerra desatada entre grupos de milicianos, formados por ex miembros de la policía fluminense; incluso, algunos miembros de esas bandas continúan en actividad dentro de sus destacamentos. Las milicias han reemplazado a los narcotraficantes convencionales dentro de las favelas, constituyéndose ellas mismas en una suerte de Estado paralelo.
El 1º de febrero, Lula puso en funciones al nuevo ministro de Justicia y Seguridad, el ex miembro de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski. En su discurso mostró su reticencia a entrometerse en la política de seguridad desplegada por los estados provinciales. “Nosotros queremos construir con los gobernadores una asociación estrecha para combatir el crimen organizado, una industria multinacional que incurre en delitos internacionales. Concluyó que las mafias de las drogas contaminan “todas las actividades en nuestro país”. El ex juez resaltó su compromiso con el combate a la criminalidad: “Es nuestra obligación que el Ministerio de Justicia dedique especial atención a la seguridad pública, una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía brasileña”.
Uno de los problemas que origina la extrema violencia, en las sociedades, es el económico. Una baja progresiva de los crímenes impulsa la economía; pero a medida que crecen las tasas de homicidios la economía de los países se desploma. "Para que un país crezca es preciso tener productividad", sentenció Daniel Cerqueira del Foro Brasileño de Seguridad Pública. “Nuestras investigaciones permiten suponer que el delito organizado aleja a los inversores, que temen la violencia y desvían los recursos para inversiones no productivas”.
