Si sólo los libres de pecado pudieran arrojar la primera piedra, el proceso de impeachment contra Dilma Rousseff difícilmente avanzaría en Brasil. Pero la política brasileña está lejos de ser una escena bíblica: más de la mitad de los 81 senadores que votarán a favor o en contra del juicio político contra la presidenta están involucrados en causas judiciales. A su vez, más de un tercio de los que integran la comisión parlamentaria de impeachment son investigados por el Supremo Tribunal Federal (STF) por presuntos actos corruptos, y la mitad de ese tercio está comprometida en el megaescándalo del Lava Jato. Todos ellos decidirán a mediados del próximo mes si remueven del cargo a Rousseff.
En el Congreso, la mandataria no enfrenta cargos de corrupción sino que se la acusa de haber autorizado una maniobra financiera irregular –las famosas “pedaleadas” fiscales– para disimular baches presupuestarios, lo cual habría dañado la credibilidad económica del país. En cambio, el 55,6% de los senadores que decidirán sobre su juicio político o eventual destitución afrontan investigaciones abiertas o acciones en curso en los tribunales por causas como malversación de fondos públicos, fraude electoral, sobornos o abusos de derechos humanos. El dato surge de un relevamiento periódico realizado por el proyecto Excelências, de la ONG brasileña Transparência Brasil, que monitorea el desempeño de los legisladores.
El minucioso análisis de Transparências también permite trazar el prototipo de quienes pululan en el Senado brasileño, una de las instituciones más desprestigiadas del país. Una considerable porción de los legisladores trabaja al filo del nepotismo: el 40% de los miembros del Congreso tienen familiares trabajando en el Estado. Casi el 30% de los senadores lucran con el agronegocio. Casi el 25% poseen radios o emisoras televisivas. Muchos provienen de familias millonarias que durante generaciones gobernaron a las regiones más pobres del país. La descripción es transversal: abarca por igual al PT, el PSDB, el PMDB y otros partidos menores.
Abundan los ejemplos individuales de “prontuarios” senatoriales. Renan Calheiros (PMDB), presidente del Senado, es acusado de haber recibido ayuda financiera de lobistas ligados a empresas constructoras para mantener a una amante y una hija extramatrimonial; de haber utilizado un avión de la Fuerza Aérea para viajar a hacerse un implante de cabello; y de haber recibido sobornos en el marco del esquema de corrupción en el seno de Petrobras. Por ahora, Calheiros se declara “indeciso” frente al impeachment.
Impeachment a Rousseff. Ivo Cassol (PP), uno de los que dirá “sí”, fue sentenciado a cuatro años de cárcel por corrupción en 2013, pero logró permanecer en el Senado a fuerza de apelaciones judiciales. Lo de Já Zezé Perrella (PTB) es más extremo: ex presidente del Cruzeiro, en 2013 saltó a las tapas de los diarios cuando la policía halló 445 kilos de cocaína en un helicóptero de su familia. Una porción del futuro brasileño está en sus manos.
Temer se baja de 2018
El vicepresidente díscolo Michel Temer, uno de los principales promotores del juicio político a Dilma Rousseff, declaró que está dispuesto a declinar una eventual candidatura en las elecciones de 2018 para contribuir a un consenso con otros líderes opositores. Si el Parlamento brasileño vota iniciar el impeachment a Rousseff, la mandataria será apartada de su cargo y Temer asumirá provisoriamente por 180 días hasta que haya un veredicto definitivo. Si la decisión final es destituir a Dilma, el vice completará el mandato legal. “Yo estaré muy feliz si al final de un eventual gobierno (de transición) puedo encarrilar al país en el camino del crecimiento y la pacificación”, dijo Temer en una entrevista televisiva. Sus palabras fueron interpretadas como un guiño hacia el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que apuesta a derribar al gobierno de Rousseff e ir por la presidencia en 2018 contra un Partido de los Trabajadores (PT) virtualmente debilitado por el proceso de juicio político.
