Una corte de apelaciones de Estados Unidos dictó el domingo 12 de julio una sentencia que permitiría la primera ejecución federal en 17 años pero está pendiente un pedido de postergación solicitado a la Corte Suprema.
El gobierno del presidente Donald Trump tiene marcadas tres ejecuciones más para los próximos meses y dice actuar en interés de las víctimas.
Daniel Lee, un supremacista blanco de 47 años, fue condenado a muerte en 1999 por el asesinato de un vendedor de armas, su esposa y su hija de 8 años en Arkansas. Su ejecución por inyección letal estaba marcada para este lunes en la prisión Terre Haute, en el estado de Indiana.
Sin embargo parientes de las víctimas pidieron postergarla debido a la pandemia del nuevo coronavirus. Empero una orden temporal de suspensión dictada por un juzgado fue levantada por una corte de apelaciones y dejó expedito el camino para cumplir la pena de muerte.
Los parientes de las víctimas apelaron "a la Suprema Corte de Estados Unidos en un intento por revertir" la fecha de la ejecución, dijo el domingo el abogado de la familia Baker Kurrus. Los familiares quieren aplazarla hasta que puedan viajar en condiciones de seguridad, dijo.
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"El gobierno federal puso a esta familia en la insostenible posición de optar entre su derecho a presenciar la ejecución de Danny Lee o cuidar su salud y seguridad", dijo el abogado en un comunicado. La Agencia de Prisiones informó el domingo que un funcionario de la cárcel de Terre Haute dio positivo el sábado a una prueba de coronavirus.
La mayoría de los delitos son juzgados en tribunales de los estados pero el gobierno federal asume los casos más graves; entre ellos los de terrorismo o los crímenes de odio.
La última ejecución de nivel federal fue en 2003. En los últimos 45 años solo tres personas fueron ejecutadas por el gobierno federal; entre ellas Timothy McVeigh, convicto por atentar por un atentado contra un edificio del gobierno en 1995 que dejó 168 muertos. McVeigh fue ejecutado en 2001.
"No hay razones para realizar ahora ejecuciones ahora debido a la pandemia", dijo Robert Dunham, director ejecutivo del Centro de Información de la Pena de Muerte. Dunhan acusa al gobierno de Trump de "uso político de la pena de muerte". Trump enfrenta un difícil campaña hacia las elecciones de noviembre en la que intentará reelegirse
