jueves 06 de mayo de 2021
INTERNACIONAL Crisis en Chile
15-10-2020 01:14

A un año del estallido en Chile, Amnistía denuncia graves violaciones a los DDHH

Amnistía Internacional emitió un duro informe en el que pide investigar a Carabineros por "actos de tortura" en la represión de las protestas.

15-10-2020 01:14

Cuando faltan días para que se cumpla un año del inicio del estallido social en Chile, Amnistía Internacional difundió este miércoles 14 de octubre un reporte en el que denuncia que se "cometieron graves violaciones a los derechos humanos de forma generalizada" en la represión de las protestas.

"Los mandos estratégicos de Carabineros (policía militarizada) permitieron la comisión de actos de tortura y malos tratos en contra de manifestantes por considerarlo un mal necesario para lograr dispersarles a toda costa", dijo la directora para las Américas del organismo, Érika Guevara, en la presentación del informe "En Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social".

El gobierno chileno reaccionó negando que la policía tenga una "política premeditada" de uso de la fuerza contra los manifestantes y Carabineros señaló que las operaciones antidisturbios se realizaron de manera legal, consignó la agencia AFP.

La investigación de Amnistía estuvo basada en dos misiones en terreno y el análisis exhaustivo de expedientes judiciales, testimonios de víctimas, informes forenses, fotos, videos, entrevistas con autoridades y expertos, entre otros. Con estos datos, apunta a "la responsabilidad de mando de los altos mandos de Carabineros de Chile y exige que se investiguen y sancionen por su posible responsabilidad penal".

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En esa línea, "exige el fin de la tradición de impunidad de los mandos para actos de violencia policial, así como una reforma estructural de la institución de Carabineros".

La revuelta explotó el 18 de octubre de 2019 tras un alza en el precio del pasaje del metro de Santiago y se convirtió en una amplia movilización social en contra de las desigualdades y el gobierno del conservador Sebastián Piñera, dejando al menos 30 muertos y miles de heridos y detenidos tras semanas de protestas.

Según datos del estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 460 personas fueron heridas en sus ojos tras el impacto en el rostro de balines, perdigones o bombas lacrimógenas disparadas por agentes antidisturbios.

Amnistía Internacional consideró que, a pesar de las acusaciones de violaciones a los derechos humanos vertidas sobre los uniformados por parte de organismos internacionales un mes después del inicio de las manifestaciones, "se siguieron registrando casos de uso excesivo de la fuerza policial hasta mediados de marzo de 2020". En ese sentido, aseguran que "tras la activación de algunas manifestaciones en Santiago, se registraron nuevos episodios de violencia policial, como el del caso de un joven de 16 años que cayó de un puente tras ser empujado por un carabinero, quien fue imputado por homicidio frustrado".

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"Lejos de ser hechos aislados cometidos por funcionarios actuando por cuenta propia, los actos de violencia se habrían cometido en base a una política cuyo fin último era desalentar la protesta social", sentenció Guevara durante una videoconferencia.

“Si algo puso en evidencia esta crisis es que la institución de Carabineros está obsoleta y necesita adecuarse a las necesidades de la población, sometiéndose al poder civil de manera plena, y ejerciendo sus funciones desde el absoluto respeto a los derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas”, agregó.

La respuesta del Gobierno de Chile y de Carabineros

Desde el gobierno de Chile, el Ministerio de Justicia reaccionó a las conclusiones de Amnistía Internacional reiterando "con fuerza" que "no ha existido por parte de Carabineros una práctica o política premeditada o generalizada de uso de la fuerza con el fin o la intención de castigar a las personas manifestantes, como supone el Informe".

Carabineros, por su lado, rechazó "de forma tajante" que sus uniformados "hayan vulnerado en forma generalizada los derechos humanos de los manifestantes". Agregó que los procedimientos antidisturbios se realizaron "en cumplimiento del mandato constitucional y con pleno apego a las leyes vigentes", según informó a través de un comunicado publicado en Twitter.

Amnistía Internacional denunció "impunidad" en el accionar policial y displicencia por parte de los altos mandos a pesar de conocer la situación. "Demoraron un mes en limitar el uso de la munición y nunca llegaron a prohibirla, a pesar de existir un informe interno que mostraba su peligrosidad", señaló sobre los balines, perdigones o bombas lacrimógenas.

La Policía chilena ha afirmado que hizo frente a una violencia callejera inusitada y ha ajustado sus protocolos para la dispersión de las protestas sociales. Sin embargo, tras la reactivación de las manifestaciones al finalizar las restricciones impuestas por la pandemia, se ha vuelto a constatar en las calles el uso excesivo de la fuerza.

El viernes 2 de octubre, un adolescente de 16 años cayó desde un puente al lecho del río Mapocho luego de que lo empujara un policía, quien se encuentra detenido y afirma que se trató de un "accidente". La justicia intenta determinar si hubo intencionalidad.

El informe de Amnistía Internacional sobre el estallido social de 2019 en Chile

EuDr