Sin mencionar a Rusia y Ucrania, un grupo de expertos independientes mandatados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, advirtieron en Ginebra sobre las consecuencias perniciosas de las medidas coercitivas unilaterales aplicadas contra los países involucrados en conflictos, que suelen inquietar a las poblaciones civiles, blanco de la represión o la violencia política, étnica, religiosa, ocasionadas por disputas limítrofes o neocoloniales.
Al tiempo, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, actualizó a 2788 las víctimas en virtud de la intervención de Moscú en Ucrania: 1081 perdieron la vida y otras 1707 fueron heridas. La “operación militar especial” del presidente ruso Vladimir Putin en Ucrania generó 3.725.806 refugiados, según el ACNUR: más de la mitad en Polonia, otros 572.000 en Rumania, 376.748 en Moldavia, 263.959 en Eslovaquia, 6.341 en Bielorusia, y 271.254 en Rusia.
“El acceso a los alimentos, al agua, al saneamiento, los medicamentos, las vacunas y a otros bienes y servicios necesarios para el mantenimiento de las infraestructuras críticas y la supervivencia de la población no tendrían que verse disminuidas por sanciones unilaterales”, recordaron los expertos que vigilan el respeto a los derechos a la alimentación, al agua potable y el saneamiento, solidaridad internacional, salud física y mental, y los alcances de la deuda externa y obligaciones conexas.
"Las sanciones unilaterales nunca deben impedir la capacidad de una población para obtener bienes y servicios básicos o atentar contra las bases necesarias que cuestionen el bienestar y el nivel de vida imprescindible de todas las personas. Tampoco deben socavar la capacidad de las organizaciones humanitarias para ejercer sus actividades humanitarias, incluso para la ejecución de proyectos de desarrollo”, precisó el comunicado de estos “Relatores Especiales” de la ONU.
“El desarrollo y el mantenimiento de infraestructuras críticas, como los sistemas de suministro de agua, saneamiento y electricidad, y los mecanismos que permiten las comunicaciones y el transporte, entre otros, son esenciales para que la población pueda disfrutar de toda la gama de derechos humanos y de garantías de seguridad sanitaria, alimentaria y de transporte”, consignaron los titulares de estos “procedimientos especiales” de la ONU.
Lamentaron además que “con demasiada frecuencia, las sanciones unilaterales dificultan a los países perjudicados comprar o conseguir el equipo, las piezas de repuesto, la asistencia técnica o el combustible que necesitan para garantizar que las infraestructuras nacionales esenciales sigan funcionando adecuadamente”, bloqueando particularmente “la construcción y mantenimiento de carreteras, puentes, ferrocarriles y otras infraestructuras de transporte”.
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Estos especialistas en derechos humanos, quienes no son asalariados ni funcionarios de la ONU, que solo les costea los viáticos para sus misiones y que actúan de acuerdo a su conciencia, estimaron que tales sanciones obstaculizan “el envío de combustible a un país sancionado”, como “el transporte de bienes esenciales y su llegada a las poblaciones vulnerables a las que están destinadas”, siendo mayor “el impacto para los grupos vulnerables, como las mujeres, los niños, las personas mayores y las personas con discapacidad o con enfermedades graves o crónicas”.
Concluyeron que “todos los derechos humanos se ven conmovidos cuando se imponen sanciones. Sin un suministro constante y adecuado de agua y electricidad, las escuelas, centros de trabajo y los hospitales no pueden funcionar, lo que daña el derecho a la educación y a la vida”. Tal es así pues “no sólo perjudica el derecho al trabajo, sino que afecta directamente a los derechos de las familias de los trabajadores, al no poder mantenerlas”. Resulta “difícil para los gobiernos garantizar el derecho a una vida digna para todas las personas”, obstaculizando “el desarrollo de un país”.
jdi cp
