(Desde San Pablo) Pasó una semana desde la entrada en vigencia de la medida de Donald Trump contra el gobierno de Lula da Silva: aquel famoso arancel de 50% que impide de hecho el ingreso del 35% de productos exportados por Brasil. Pero el Palacio del Planalto y el Congreso rápidamente lograron unirse para enfrentar la crisis provocada, en forma deliberada, por el presidente de Estados Unidos. Este miércoles, en presencia de Ceos de las grandes compañías, Lula anunció el “Plan Brasil Soberano”, que contiene medidas de salvataje para las empresas más afectadas.
El paquete incluye 30.000 millones de reales (5.600 millones de dólares), en créditos que saldrán de los bancos Brasil y BNDES. Incluye, además, compras realizadas por el gobierno en el caso de tratarse de alimentos –de modo de compensar lo no exportado--; el no despido de trabajadores y, finalmente, algo que define en el documento de introducción como “diplomacia comercial e multilateralismo”
El jefe de Estado brasileño mostró que es capaz de hablar lo que piensa, sobre todo cuando por detrás de las medidas hay una clara intención política de debilitar su presidencia. “Nuestros amigos americanos” dijo, en referencia a la nueva administración republicana, “cada vez que resuelven pelearse con alguien, buscan desprestigiar al oponente como si fuera un demonio al que ellos quieren desterrar”. En esa línea agregó: “Estamos en medio de un debate que no es económico; es político y con un sesgo ideológico definido”.
La estrategia adoptada por Washington no es cortoplacista; apunta, sobre todo, a las elecciones presidenciales de octubre de 2026. Es para eso que precisa contar con la rápida liberación de Jair Bolsonaro, hoy preso en su casa por el juicio que se le sigue acerca del intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023. Como es obvio, en los círculos próximos al jefe de la Casa Blanca buscan además la total “amnistía”, lo que le permitiría participar como candidato en esos comicios.
En Brasilia están interesados en demostrar que el plan de rescate de las empresas en riesgo, no apuesta solo a reaccionar frente a una amenaza inmediata. Se trata, afirman, de “reconstruir y fortalecer el sistema nacional de financiación y seguros de las exportaciones. Lo que se quiere es lograr un país más competitivo y menos vulnerable a ese tipo de medidas en el futuro”. Como ocurrió en sus dos primeras gestiones (2003-2010), Lula quiere proyectar hacia el mundo a las grandes empresas de su país, con los desafíos que eso supone en esta época de transición.
Cuenta, en ese sentido, con el apoyo del establishment brasileño. Varios de sus principales representantes están super activos para enfrentar la medida de Trump. Tal es el caso de la fabricante de armas Taurus, de la empresa minera Vale y del frigorífico JBS, por ejemplo, que por primera vez contrataron los servicios de lobistas que figuran en las listas del Capitolio. El objetivo de las empresas es lograr una “fuerza” legal capaz de defender sus intereses en la capital estadounidense. Forman parte de ese grupo otras firmas conocidas como Braskem y Embraer. Esta última es la exitosa fabricante de aviones comerciales de Brasil.
“Brasil soberano”, la campaña de Lula para aprovechar la disputa con EE.UU.
Pero las resoluciones del gobierno de Lula no sólo atañen a las corporaciones poderosas. Entrarán también pequeñas y medianas empresas exportadoras.
Hay un hecho notable que ocurre en Estados Unidos y es el rechazo que genera la política externa de Donald Trump, especialmente entre los demócratas y los intelectuales. Hace un día, el famoso escritor de “Cómo mueren las democracias”, Steven Levitsky, estuvo en el Senado. Allí afirmó que Trump condena a Brasil por un hecho “que deberían haber realizado los propios norteamericanos”. Es decir, juzgar la legalidad de la invasión del Capitolio registrada el 5 de enero de 2021, cuando el actual mandatario estadounidense perdió la competencia frente al ex presidente Joe Biden.
