Bolivia atraviesa una de las peores crisis políticas y sociales de su historia reciente, desde que el 21 de octubre, día posterior a las elecciones presidenciales, comenzaron las denuncias de fraude en los comicios tras los que el presidente Evo Morales fue luego proclamado vencedor para un cuarto mandato consecutivo con margen suficiente para evitar una segunda vuelta.
Primer presidente indígena del país durante casi 14 años, renunció el 10 de noviembre presionado por el Ejército y la Policía después de tres semanas de violentas protestas y enfrentamientos entre opositores y oficialistas, a pesar de que escasas horas antes había anunciado una nueva repetición electoral. Dos días después, en medio de los más sangrientos enfrentamientos de todo el proceso, la senadora opositora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta interina
La cuestionada autoproclamación no fue reconocida por la Asamblea, en la que el partido de Evo Morales tiene mayoría, así como tampoco pudo aceptarse la carta de renuncia del líder socialista por falta de quorum. Recibido en México por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Evo se considera todavía presidente en el exilio, aunque anunció que ya no volvería a ser candidato presidencia.
El gobierno de Áñez, cuestionado por organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch por el uso excesivo de la fuerza contra manifestante, denomina a Evo Morales como "expresidente" y sostiene que si vuelve a Bolivia deberá presentarse ante la Justicia por un supuesto delito electoral y por "muchísimos actos de corrupción aún impunes" de su Gobierno.
Casi 30 personas murieron y más de 700 resultaron heridos por los enfrentamientos entre simpatizantes y detractores de Morales y con las fuerzas de seguridad en este mes de protestas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticó el "uso desproporcionado" de la fuerza policial y militar y el uso de armas de fuego contra los manifestantes, tanto bajo el mando de Evo Morales como de Áñez.
D.S.
