La Corte Penal Internacional (CPI) emitió ayer una orden de captura contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por la deportación de niños en zonas de Ucrania ocupadas por Rusia, que denunció una decisión “carente de sentido”.
La CPI, con sede en La Haya, también pidió la captura por el mismo motivo, considerado como un crimen de guerra, de Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos de la Infancia en Rusia.
El jefe de la administración presidencial de Ucrania, Andrii Yermak, consideró que la decisión del CPI es “solo el inicio” de la rendición de cuentas que se le exigirá a Rusia por sus acciones desde la invasión de la exrepública soviética en febrero de 2022.
La CPI no precisó cómo pretende ejecutar las órdenes de arresto, teniendo en cuenta que Rusia no es miembro de ese tribunal, como Moscú recordó de inmediato.
“Rusia, como cierto número de Estados, no reconoce la competencia de ese tribunal, y en consecuencia, desde el punto de vista de la ley, las decisiones de ese tribunal son nulas”, declaró el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov.
Antes de dictar la orden de arresto sobre el presidente ruso, la CPI ya tenía pendiente la detención de unas 15 personas que suman entre todas ellas más de doscientos cargos –116 por crímenes de guerra, 87 por crímenes contra la humanidad y tres de genocidio– relativos a crisis en República Democrática del Congo, Uganda, Kenia, Libia, Costa de Marfil y la región sudanesa de Darfur.
Más de 16 mil niños ucranianos habrían sido deportados a Rusia desde el inicio de la invasión y muchos fueron trasladados a instituciones y casas de acogida, según Kiev.
“Cooperación internacional”. El presidente del tribunal, Piotr Hofmanski, declaró que las órdenes de arresto fueron emitidas tras una demanda del fiscal de la CPI, Karim Khan, y que representaban un “momento importante en el proceso de justicia” de la Corte.
Las órdenes se emitieron por “los presuntos crímenes de guerra de deportación de niños de territorios ucranianos ocupados hacia la Federación de Rusia” desde el inicio de la invasión el 24 de febrero de 2022, precisó. La ejecución de estas órdenes depende “de la cooperación internacional”, agregó.
En términos prácticos, la orden de arresto requiere la connivencia de aquellos países por los que pueda moverse el mandatario ruso, que ya ha reducido en el último año sus viajes al extranjero.
El Estatuto de Roma, piedra angular de la CPI, establece que la Corte no puede juzgar a ningún acusado ‘in absentia’, es decir, que necesita que el individuo en cuestión se siente en el banquillo y responda en persona por los crímenes que se le imputan. Sin embargo, no dispone de una institución capaz de ejecutar el arresto, por lo que depende de los Estados miembro.
La CPI reconoce por tanto que, cuando dicta una orden de arresto y tiene indicios “razonables” para pensar que un determinado individuo ha cometido delitos que caen dentro de su jurisdicción, requiere la colaboración de los países. En este sentido, recuerda en sus documentos que para arrestar a un prófugo no es necesario haber firmado el Estatuto de Roma y que en el pasado ya pidió la colaboración de países externos.
Además, y aunque los países firmantes del Estatuto de Roma tienen la obligación de ejecutar las órdenes de detención que haya pendientes, aunque no sería la primera vez que un país esquiva esta orden. En 2015, Sudáfrica evitó detener al entonces presidente de Sudán, Omar al Bashir, alegando que tenía inmunidad por acudir a una cumbre de la Unión Africana.
Una vez detenido, el sospechoso sigue un proceso que depende en un primer momento de las instituciones del país donde se haya procedido al arresto. Debe comparecer ante la autoridad judicial competente, que examinará si se han cumplido o no las leyes y si cabe la entrega a la CPI, dentro de un proceso que difiere del de extradición.
Actualmente, 123 países han suscrito el Estatuto de Roma, pero entre ellos no están Rusia ni tampoco otros aliados del propio Putin, como podrían ser China o Bielorrusia. El CPI tampoco tiene potestad sobre India, anfitrión de la cumbre de líderes del G20 prevista para septiembre y para la que el Kremlin no ha confirmado ni desmentido ni confirmado aún que pueda acudir el presidente ruso.
Adopciones. Durante un encuentro con Putin a mediados de febrero, Lvova-Belova declaró que había adoptado a un niño de 15 años de Mariúpol, una ciudad del sur de Ucrania ocupada por Moscú desde mayo.
“Ahora sé lo que significa ser madre de un niño del Donbás, es un trabajo difícil, pero nos queremos, eso es seguro”, dijo. “Evacuamos hogares de niños hacia zonas seguras, les organizamos una reeducación y prótesis y les entregamos ayuda humanitaria”, añadió.
Tras la emisión de la orden de arresto, Lvova-Belova aseguró que seguiría realizando su trabajo en la Comisión de Derechos de la Infancia. “Hubo sanciones contra mí de todos los países, incluso de Japón, y ahora una orden de arresto, pero seguiremos trabajando”, declaró, según la agencia estatal RIA Novosti.
El expresidente ruso Dmitri Medvédev comparó por su parte la orden de arresto a papel higiénico. “No hace falta explicar dónde debe ser usado ese papel”, escribió en Twitter en inglés, junto a un emoticón de papel de baño.
“Botín de guerra”. La emisión de una orden de captura contra un jefe de Estado en ejercicio y miembro del Consejo de Seguridad de la ONU es un paso inédito para el tribunal creado en 2002.
Su fiscal, Karim Khan, investiga desde hace más de un año posibles crímenes de guerra o contra la humanidad cometidos en Ucrania dsde el inicio de la ofensiva rusa. Khan declaró este mes tras una visita a Ucrania que los presuntos secuestros de niños eran objeto de “una investigación prioritaria”.
“Los niños no pueden ser tratados como botín de guerra”, dijo, y recordó que la Convención de Ginebra prohíbe a las potencias de ocupación trasladar a civiles.
El contenido de las órdenes de arresto no se ha difundido “para proteger a las víctimas”, precisó.
En un comunicado, la CPI declaró que “motivos razonables para pensar que Putin es personalmente responsable de los crímenes mencionados”. El líder ruso es presuntamente responsable de manera directa por esos actos y por su “incapacidad de ejercer un control apropiado sobre los subordinados civiles y militares” que los cometieron o permitieron que se cometieran, subrayó.
Ni Rusia ni Ucrania son miembros de la CPI, pero el gobierno de Kiev aceptó la jurisdicción del tribunal y está colaborando con la oficina de Khan. Rusia rechaza haber cometido crímenes de guerra en su operación militar.
El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, consideró la decisión de la CPI como el inicio de un proceso para que Rusia rinda “cuentas”.
El gobierno británico celebró la medida y dijo que ésta obligaría “a quienes están en la cúpula del régimen ruso, incluido Vladimir Putin, a rendir cuentas”.
