La junta militar al mando de Myanmar, nación ubicada en el sudeste asiático, envió a la horca a un ex legislador del partido Aung San Suu Kyi, a un activista por la democracia y a otros dos presos políticos acusados de asesinato selectivo. De esta forma, el país retomó las ejecuciones, las cuales no se habían implementado en más de 30 años.
Dichas ejecuciones fueron condenadas de forma generalizada, y llevaron a que se realicen llamados a la comunidad internacional para que se tomen medidas al respecto ya que se teme que aumenten las penas de muerte y ejecuciones.
Estados Unidos: el primer ejecutado de 2022, víctima de un terrible cóctel letal
Según informaron las agencias AP y AFP, el diario del lugar, Mirror Daily, señaló que los cuatro condenados fueron ejecutados “de conformidad con los procedimientos legales” en consecuencia por dirigir y organizar “actos cómplices violentos e inhumanos de asesinatos terroristas”.
La junta militar fue fuertemente criticada a nivel internacional luego de que anunciaron el mes pasado que pretendían retomar las ejecuciones, ya que la última ejecución en Myanmar había tenido lugar en 1988.
Expertos de la Organización de las Naciones Unidas remarcaron que la ley marcial les otorgaba la posibilidad a los militares de dictar la pena de muerte por “delitos vagos y definidos en forma amplia” y, además, por toda crítica contra el poder.
Sergio Berni aseguró que "no le asustaría" aplicar la pena de muerte
Estados Unidos, por su parte, condenó las cuatro ejecuciones cometidas, mientras que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, acompañó su decisión y tachó lo sucedido como una “flagrante violación del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas”.
“Un acto de absoluta crueldad”, fueron las palabras con las que Elaine Pearson, directora para Asia de la ONG Human Rights Watch, describió lo sucedido, al mismo tiempo que le solicitó a la comunidad internacional que le muestren a la junta que deberá rendir cuentas por eso.
“Estos actos perversos deben marcar un punto de inflexión para la comunidad internacional. El statu quo de la inacción internacional debe rechazarse con firmeza”, reclamó el relator especial de la ONU sobre derechos en Myanmar, Tom Andrews.
AS.
