La situación política y judicial en Bolivia escaló a un nuevo nivel de tensión este lunes 11, cuando un tribunal en la ciudad de Tarija declaró en rebeldía al expresidente Evo Morales después de su inasistencia al inicio del juicio oral por presunta trata agravada de personas. Ahora, como consecuencia inmediata, las autoridades judiciales dictaron una orden de aprehensión y el arraigo correspondiente para evitar que el exmandatario abandone el territorio nacional.
Al instante, el fiscal del caso, Luis Gutiérrez, confirmó que el proceso judicial quedó oficialmente suspendido.
De acuerdo a lo que explicó, el juicio no podrá reanudarse hasta que Morales se presente de forma voluntaria ante el estrado o sea conducido por la fuerza pública, cuya ejecución de captura recae exclusivamente en la Policía Boliviana. A lo largo de la audiencia, que comenzó a las 8:30 horas, se constató la ausencia tanto del acusado como de su equipo legal privado, lo que motivó la designación de defensores públicos para garantizar el derecho a la defensa.
La defensa de Morales, desde La Paz, cuestionó duramente la legalidad del procedimiento. Su abogado Wilfredo Chávez denunció que su cliente no recibió una notificación personal, sino que el tribunal recurrió a un edicto judicial, lo cual calificó como un vicio de fondo. Chávez también sostuvo que el reflote de esta causa tiene motivaciones políticas, vinculando el avance judicial con el contexto de protestas sociales que enfrenta el gobierno del presidente Rodrigo Paz.
Así, la respuesta de los sectores sociales afines al líder cocalero fue inmediata y contundente.
Desde el Trópico de Cochabamba, bastión donde Morales permanece resguardado desde octubre de 2024, los dirigentes sindicales se declararon en estado de alerta máxima. El dirigente Dieter Mendoza advirtió que cualquier intento de detención desencadenará una "convulsión" y una "insurgencia" en todo el país.
Precisamente, este capítulo se suma a los antecedentes de finales de 2024, cuando los seguidores de Morales bloquearon carreteras estratégicas durante 24 días para impedir acciones policiales similares.
¿De qué se trata la causa por trata agravada de personas contra Evo Morales?
La raíz de esta causa judicial se remonta a hechos presuntamente ocurridos en el año 2016, durante el ejercicio presidencial de Morales, cuando la investigación sostiene que el exmandatario mantuvo una relación con una menor de edad, de la cual habría nacido un hijo. A la par, involucra directamente a los padres de la supuesta víctima, quienes son señalados por haber obtenido beneficios económicos y favores políticos a cambio de entregar a su hija.
A partir de la fiscalía, la joven formaba parte de un grupo juvenil afín al partido de gobierno denominado Generación Evo.
Dicho proceso ha enfrentado diversos obstáculos logísticos y políticos desde su apertura: en octubre de 2024, se emitió una orden de aprehensión que fue ratificada por la justicia de Tarija, pero nunca se ejecutó debido a que Morales se refugió en el Trópico de Cochabamba, su bastión sindical.
Paralelamente, a principios de 2025, fue declarado en rebeldía tras ausentarse de las audiencias programadas alegando motivos de salud. Esta situación generó una fuerte tensión social, manifestada en bloqueos de carreteras por parte de sus seguidores para evitar su detención en medio de la fractura política con la administración de Luis Arce.
La justicia argentina también ha reabierto un proceso similar por “presunta comisión de delitos de trata de personas y abuso sexual” que habría ocurrido durante su asilo en dicho país en 2019. Las denuncias, impulsadas por organizaciones civiles y señaladas por el Ministerio de Seguridad, acusan al político de haber convivido con cuatro adolescentes durante su refugio.
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Ambos casos, tanto el boliviano como el argentino, convergen en acusaciones sobre el uso de poder para la explotación y abuso de menores de edad.
MV CP
