El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil reanudará este martes el debate sobre un pedido de liberación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, tras las revelaciones que plantearon dudas sobre la imparcialidad de la investigación anticorrupción Lava Jato que mandó a la cárcel al líder populista. El pedido de la defensa para liberar a Lula llegó a recibir dos votos en contra antes de la interrupción del proceso, pero los magistrados del Supremo pueden modificar su parecer mientras duren los debates.
Los abogados de Lula, de 73 años, cuestionan una negativa de liberación pronunciada por un tribunal inferior (el Superior Tribunal de Justicia). El expresidente cumple desde abril de 2018 una pena 8 años y 10 meses de cárcel como presunto beneficiario de un apartamento en el litoral paulista concedido por una constructora para obtener contratos en Petrobras.
El juez Gilmar Mendes deberá decidir además, según la prensa brasileña, debatir el 25 de junio otro recurso que cuestiona la imparcialidad del exjuez Sergio Moro, autor de la condena en primera instancia, por haber aceptado en enero ser ministro de Justicia y Seguridad Pública del presidente Jair Bolsonaro.
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"Sobrepasaron todas las fronteras de la legalidad"
El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil denunció este lunes que la difusión de los mensajes entre Moro y el fiscal Deltan Dallagno demuestran que existe una persecución judicial contra del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Según las filtraciones publicadas por el portal The Intercept el juez que condenó por corrupción al exdirigente brasileño coordinó sus estrategias con la Fiscalía.
Moro es sospechado de haber modificado el orden del proceso judicial y exigido operaciones policiales e incluso habría dado consejos y pistas en mensajes con los fiscales del caso 'Lava Jato'. "Al contrario de lo que afirman hoy para intentar sofocar sus acciones ilegales, Moro y los fiscales de la (Comisión) Lava Jato sobrepasaron todas las fronteras de la legalidad y del Estado democrático de derecho", dijo el PT en su página web.
El partido de Lula dijo además que las acciones de Moro y de los jueces que conforman la comisión Lava Jato son "crímenes contra la libertad de Lula, contra el derecho de defensa y el debido proceso legal y, principalmente, contra la soberanía del pueblo en el proceso electoral". La formación destaca que las informaciones dadas demuestran la trama criminal detrás de la detención de Lula en abril de 2018, así como la parcialidad de Moro al dictar la sentencia y la manipulación de la denuncia.
"Los mensajes demuestran, incluso para los que se negaban a ver los hechos, que Lula es un preso político, condenado y encarcelado sin haber cometido ningún crimen, a no ser el de amenazar, con la fuerza del pueblo, el resultado electoral tramado por los poderosos", insistieron. El PT aprovechó la ocasión para denunciar la libertad y el Estado de derecho en Brasil se encuentran en peligro ante las arbitrariedades cometidas.
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"Nada cambia el hecho de que Lula robó"
La Operación Lava Jato, la mayor investigación anticorrupción de Brasil que llevó a la cárcel a decenas de políticos y empresarios, fue puesta en jaque tras esas revelaciones. El Consejo Nacional del Ministerio Público abrió una investigación disciplinaria para determinar si los fiscales mencionados cometieron una "falta" a sus funciones, como la de no mantener equidistancia con el juez Moro y tener una actuación "político-partidaria".
El fiscal Dallagnol, jefe del grupo de trabajo de Lava Jato, afirmó el lunes que las sospechas de motivaciones partidistas son "una teoría de la conspiración sin fundamento" y denunció un ataque cibernético "gravísimo" contra su equipo. "Es normal que fiscales y abogados conversen con el juez, incluso sin la presencia de la otra parte. Lo que debe verificarse es si en esas conversaciones existió confabulación o si se violó la imparcialidad", algo que a su criterio no ocurrió, aseguró en un video.
Las revelaciones de The Intercept sacudieron los ámbitos políticos y jurídicos de Brasil. Y pusieron probablemente a temblar a muchos, porque la publicación asegura que dispone de "un archivo colosal" del que solo sacó a relucir "una pequeña parte". Su confundador Glenn Greenwald fue quien reveló en 2013 las filtraciones de Edward Snowden sobre los programas de vigilancia masiva implementados por la NSA estadounidense.
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Pero mientras la filtración desató la polémica en las redes sociales, el diputado Eduardo Bolsonaro, uno de los tres hijos del jefe de Estado dedicados a la política, creyó oportuno recordar a su electorado que, más allá de cuestiones jurídicas, la ola ultraconservadora que llevó al poder a su padre estuvo en gran parte alimentada por la inquina contra Lula. "Nada cambia el hecho de que Lula robó y dirigió la mayor organización criminal del mundo, responsables del escándalo del 'petrolazo' (Lava Jato), entre otros (...). Brasil es rico pero no es potencia a causa de ladrones como Lula", escribió.
Las revelaciones caen en momentos en que Bolsonaro trata de dejar atrás las querellas dentro de su propio campo para avanzar con las reformas económicas que los mercados consideran indispensables para dinamizar al país, amenazado por la recesión. "Solo los señores [jueces] tienen la capacidad de valorar los méritos, pero no es coincidencia que estalla una bombita a toda hora, viendo si se paraliza la marcha de los eventos" vinculados a las reformas, criticó el ministro de Economía, Paulo Guedes, durante un acto de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB).
D.S.
