El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, principal órgano planetario en la materia, se apresta a finalizar esta semana en Ginebra su postrera sesión anual, esquivando sancionar el reciente capítulo del genocidio contra pueblo armenio. Iniciado por Turquía en 1915, ahora reiterado por Azerbaiyán, consuma el despojo de tierras ancestrales, considerado «inevitable» por Vladimir Putin, supuesto garante de mantener la paz y mediar entre Bakú y Erevan.(1)
El conflicto acaba de reavivarse por la incursión que desencadenara el Presidente islámico de Azerbaiyán, Ilham Aliev, para hacer desaparecer la «República del Alto-Karabaj» (Artsakh), enclave separatista del cristiano pueblo armenio dentro del territorio musulmán de Azerbaiyán, provocando la expulsión forzada de sus 120.000 habitantes hacia Armenia, a un costo de 200 muertos y 400 heridos. Armenia es un país de 3.000.000 habitantes, con 3.000 años de historia.
La definición de genocidio en el sistema de Naciones Unidas, alude que se trata de un delito perpetrado con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. El llevado a cabo por los turcos contra los armenios en 1915, causando 1,8 millón de víctimas, continua. El Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan lidera una alianza exterminadora con su homologo azerí. Afirma que son «una misma nación», partes de la «civilización turca».
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El ataque musulman es de «lesa humanidad». Encadena olas sucesivas de agresión: de 1988 a 1994 (30.000 muertos), después hubo una segunda guerra en el 2020 (6.000 muertos), amen de 600 más en 2022. Sin embargo, Armenia mantuvo sus fronteras tradicionales, y la autonomía de Artsakh. Pero el 19 de septiembre pasado la invasión azerí restauró el mapa de la fenecida Unión Soviética, cuando Stalin le quitara el control del Alto Karabaj a Erevan, y se lo adosara a Bakú.
Armenia se encuentra atascada entre Turquía, Azerbaiyán, Georgia e Iran. La gobierna Nikol Pashinián, quien llegó a poder tras una movilización popular en 2018, contrariando a Moscú. Ha enfrentado las amenazas de limpieza étnica concretadas por Aliev, y el negacionismo de Ankara en excluir el genocidio de 1915. Los «corredores» de Lachine y Zanguezour, constituirían los hipotéticos objetivos de próximas embestidas azeries, para cerrarle la conexión territorial a Armenia con Artsakh, y abrirían rutas azeries hacia Nakhitchevan, Turquía y Bakú.
La deficiente cobertura diplomática europea, declinando sancionar firmemente los redoblados «ataques masivos y sistemáticos» contra la población civil armenia, derivarían de su dependencia en la adquisición de hidrocarburos a Azerbaiyán, para reemplazar la extinta fuente energética rusa a raíz de la guerra en Ucrania. Todo contribuye a presagiar una invasión islámica a Armenia, pudiendo reavivar a su vez las hostilidades de Turquía contra Grecia, una obsesión otomana.
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Desde 2003 Ilham Aliev, sucede a su padre Heydar Aliev, quien a partir de 1993 gobernara el Azerbaiyán independiente. Había hecho carrera en el seno de la KGB soviética, creada en 1954, llegando a vice primer ministro de la URSS, hasta que Mijael Gorbachov lo cesara en 1987. No obstante, se recicló en Azerbaiyán, tomando el poder en Bakú vía un golpe de Estado. Sería el gestor de la industria petrolera azerí en concertación con firmas occidentales. El gas que exporta Bakú a la Unión Europea, procedería de Rusia, conjeturalmente «sellado» en Azerbaiyán.
La sospecha que «una parte» del gaz procedente de Azerbaiyán vendido a la Unión Europea, en ejecución de un contrato firmado en julio de 2022, «vendría» de Rusia, ha sido recogida en una resolución del Parlamento Europeo del reciente 5 de octubre, exhortando al ejecutivo comunitario, la Comisión Europea, a «investigar». El volumen es considerable. Le ha engendrado 15,6 miles de millones de euros a Bakú en 2022, con la perspectiva de duplicarlo para 2027.
La trama de corrupción endosada a Ilham Aliev salió a luz al estallar varios escándalos de pago de comisiones ocultas en torno al Consejo de Europa en Estrasburgo, sumados a telegramas de la Embajada de Estados Unidos en Bakú, revelados por los Panama Papers. En la confabulación intervendría la fundación «Heydar-Aliyev», manejada por la primera dama Mehriban Aliyeba, y su hija Leyla, pantalla de una «diplomacia de caviar», y tráfico de influencias. El dispositivo encubriría que Azerbaiyán «corrompe sin contar», cargos «electos y funcionarios europeos».
(1) La falta de una mayoría entre los 47 Estados que componen el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para acuñar un proyecto de resolución y votar mayoritariamente en favor de una condena a un Estado por infracciones a las libertades publicas y derechos individuales, habría motivado a ciertos países, impulsar leer «en sala», una «declaración conjunta», destinada a ser registrada en el archivo «extranet» del Consejo. El texto recordaría deberes humanitarios de la crisis en Nagorno-Karabaj, pero declinando proponer sancionar a Azerbaiyán por su agresión violando el derecho internacional, encargándole el Alto Comisionado Volker Turk, dar seguimiento al caso e informar al Consejo. Al cierre de la presente edición, su versión oficial no se ha pronunciado oralmente, ni publicado.
