Perú cerró ayer por tiempo indefinido el ingreso a la ciudadela inca Machu Picchu alegando motivos de seguridad ante las protestas que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, que dejan ya 46 muertos.
“Se ha dispuesto el cierre a la red de caminos inca y a la llaqta (ciudadela) de Machu Picchu ante la coyuntura social y en salvaguarda de la integridad de los visitantes”, informó el Ministerio de Cultura y señaló que la medida regirá “hasta nuevo aviso”.
El gobierno de Boluarte tomó esta decisión luego de que el servicio ferroviario desde la ciudad de Cusco hasta Machu Picchu se suspendiera por daños a la vía férrea presuntamente provocados por manifestantes.
Al menos cuatrocientos turistas quedaron varados en Aguas Calientes/MachuPicchu, el pueblo al pie de la montaña de la urbe de piedra incaica que es una joya turística de Perú. El ferrocarril es el único medio de transporte a la ciudadela, ya que no existe vía de transito de vehículos que la conecte con Cusco, ubicada a 110 kilómetros.
Los turistas “no pueden salir porque la vía férrea ha sufrido daños en distintos puntos”, dijo el viernes el ministro de Turismo, Luis Fernando Helguero.
Algunos, indicó, “optaron por caminar hasta Piscacucho, pero eso toma seis horas y pocos pueden hacerlo”.
Otro muerto, queman comisaría. Un manifestante que estaba gravemente herido desde el viernes por la represión policial en las protestas en Ilave, región Puno, en el sur de Perú, falleció ayer, informó la Defensoría del Pueblo.
“Tenemos una persona fallecida en Ilave por las protestas del viernes. Es un poblador herido que estaba siendo trasladado al hospital de Puno, pero llegó cadáver”, dijo Jacinto Ticona, Defensor del Pueblo de Ilave. “Invocamos a la policía no haga uso desproporcional de la fuerza”, agregó en un intento de poner coto a la brutalidad policial, evidente según múltiples imágenes difundidas en redes y medios locales.
La represión de las protestas del viernes en Ilave, desató la cólera de la población que incendió la comisaría al amanecer de ayer, de acuerdo a diversos medios de la región Puno. Los enfrentamientos entre pobladores aymaras y fuerzas de seguridad en esa ciudad dejaron además diez heridos, indicaron fuentes hospitalarias. Imágenes viralizadas en las redes sociales muestran a policías que disparan al cuerpo de manifestantes en la plaza principal de Ilave, una pequeña ciudad a 3.800 m de altitud cercana al lago Titicaca en la frontera con Bolivia.
Otra comisaría en Puno, en el distrito de Zepita, había sido también quemada el viernes, sin causar víctimas.
Universidad. En Lima mientras tanto, la policía ingresó masivamente a la fuerza a la Universidad de San Marcos rompiendo una enorme reja con un vehículo antimotines y detuvo a decenas de manifestantes indígenas y estudiantes que ahí pernoctaban. Estudiantes y organizaciones de derechos humanos acudieron a la sede universitaria a rechazar la intervención policial.
El gobierno peruano alega que las marchas son promovidas por movimientos y grupos sociales radicales de izquierda que han movilizado a camespinos indígenas del sur.
Las protestas en Perú desde la destitución y detención del predecesor de Boluarte, Pedro Castillo, a principios de diciembre, dejan al menos 46 civiles y un policía muertos y han llevado al gobierno a imponer el estado de emergencia en un tercio de las regiones del país, incluyendo la capital Lima y zonas del norte y sur.
El izquierdista Castillo, un exmaestro rural de origen indígena, fue destituido de su cargo y arrestado el 7 de diciembre después de intentar disolver el Parlamento –controlado por la derecha–, que estaba a punto de sacarlo del poder por presunta corrupción. También se proponía intervenir la Justicia.
El gobierno peruano amplió el domingo pasado el estado de emergencia por 30 días en Lima, Cusco, Callao y Puno para frenar las protestas, habilitando a los militares a intervenir junto a la policía para resguardar el orden público.
El jueves las regiones Amazonas y La Libertad, ambas en el norte, y Tacna, esta última en la frontera con Chile, fueron incluidas en el estado de emergencia. Con ello casi un tercio del país, que tiene 25 regiones, está afectado por ese régimen hasta mediados de febrero.
La crisis también refleja la inmensa brecha social que existe entre la capital y las provincias pobres que respaldan a Castillo, de origen indígena, y que veían en su elección una forma de revancha contra el desprecio de Lima.
