Las reformas tributarias son de gran importancia para los países, ya que afectan directamente a los ciudadanos y al desarrollo económico. A lo largo de la historia, muchísimos presidentes se han servido de ellas para lograr sus objetivos políticos. Sin embargo, dada la coyuntura latinoamericana pospandemia, parece que generar una reforma tributaria se convirtió en un tema fundamental para mandatarios que llegan al poder con una agenda socioeconómica demasiado ambiciosa para las posibilidades que las cuentas públicas de sus países pueden lograr. En los últimos 12 meses, por lo menos cuatro presidentes presentaron proyectos de tal magnitud en sus respectivos congresos, con el objetivo de obtener un mayor margen de maniobra para implementar las reformas estructurales que proponen. Pero ¿cuáles fueron los resultados?
Cuando Gustavo Petro llegó al poder el pasado agosto de 2022, lo hizo con la enorme particularidad de ser el primer presidente de izquierda de la historia de Colombia, generando una enorme expectativa pero también una gran incertidumbre por parte de los sectores de derecha que miraban temerosos una agenda pública que nunca antes se había plasmado en el país. En su campaña, Petro prometió cambios en materia de salud, educación y pensiones.
Para ello, estableció una reforma llamada “Reforma tributaria para la igualdad y la justicia social” que se promulgó en diciembre 2022 con vigencia desde el primer día de 2023 y que utilizará para financiar programas sociales y de desarrollo productivo, avanzar con la reindustrialización y el ajuste fiscal, reducir la pobreza moderada y la desigualdad del ingreso, luchar contra el hambre, mejorar la educación y la salud, proteger el medio ambiente y lograr la transición energética, generar un desarrollo productivo en un marco de sostenibilidad de las finanzas públicas. Así, esta reforma establece el impuesto mínimo global buscando limitar el uso excesivo de beneficios tributarios, en línea con lo establecido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Además, se crean impuestos tales como a las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados, a los plásticos de un solo uso y se añadió el carbón en el impuesto al carbono. La reforma tributaria gravará a empresas extranjeras como Netflix, Amazon o Uber, mientras que no lo hará con algunos productos básicos o de primera necesidad como el pan. Finalmente, la reforma adopta disposiciones para aumentar la contribución del sector minero y del petróleo. Con esta reforma tributaria pagarán más impuestos a la renta las personas con ingresos mayores a 13 millones de pesos colombianos mensuales, esto es: más de 2.600 dólares por mes. “Tenemos que movernos en un objetivo de justicia social y financiar proyectos que logren este cometido”, explicó Petro.
En Chile, la expectativa por el cambio de gobierno fue similar a lo que sucedió en Colombia.
Con un fuerte apoyo electoral producto de los estallidos sociales ocurridos en 2019 que prolongaron el descontento hacia las dos coaliciones que habían gobernado el país desde 1990, Gabriel Boric llegó al Palacio de la Moneda con la promesa de un cambio sustancial que demandaba una ciudadanía agotada del establishment. Sin embargo, sus promesas que involucran ampliar la cobertura de salud pública para los más pobres, condonar las deudas universitarias que ahogan a los jóvenes durante décadas y generar un sistema mixto de pensiones, fueron difíciles de implementar. A su vez, en el caso chileno, las posibilidades de cambio se vieron restringidas tras el rechazo a la nueva constitución política. Por eso, esta reforma tributaria era vital para un gobierno que sufre una merma en la imagen positiva al no ver plasmadas en la realidad las promesas de campaña. Así, el presidente introdujo una propuesta con beneficios tributarios para la clase media generando un nuevo impuesto a la riqueza y a la renta a quienes ganaran más de 5 mil dólares mensuales. Según los cálculos, la reforma obligaría a pagar más impuestos a un 3% de la población, en un país con los mayores índices de desigualdad de la OCDE. Además, el proyecto de ley incluía la reestructuración del impuesto a la renta, la reducción de las exenciones tributarias, la aplicación de un nuevo royalty minero e impuestos correctivos que apuntan a promover la preservación del medioambiente, así como otras medidas de carácter social. Sin embargo, y tras una ajustada votación en la Cámara de Diputados, la medida fue rechazada dejando al gobierno de Boric, que solamente lleva un año en el poder, sin margen de acción para sus reformas. “Hoy celebrarán los partidos más a la derecha del espectro político, hemos visto que van a celebrar quienes evaden impuestos y asesoran a los contribuyentes para hacerlo, porque tendrán al menos un año más para usar los mecanismos de elusión tributaria”, dijo por su parte el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Según declaraciones del presidente, su gobierno intentará negociar una reforma al primer proyecto con el fin de que sea aprobado con las respectivas modificaciones.
Un mes después de iniciar el mandato, Lula Da Silva también propuso una reforma tributaria que podría ser aprobada antes de fin de año, con el fin de enfrentar el desequilibrio fiscal. Pero en el caso brasileño, dicha legislación no solamente implica una imposición a la renta sino también al consumo y, posiblemente, quitarle o reducir la autonomía del Banco Central. Sorpresivamente, una de las posibles medidas sería una reducción tributaria a ciertas industrias y una suba del salario exento de pagar el impuesto sobre la renta. Así, el mínimo no imponible podría pasar de 373 dólares a aproximadamente unos 985. Este alivio fortalecería el sector industrial especialmente ubicado en el estado de San Pablo, en donde Lula no pudo imponerse sobre Jair Bolsonaro en la pasada elección presidencial. Una de las preguntas subyacentes a dicha reforma son las posibilidades de que esta propuesta logre ser aprobada por el Congreso brasileño, dada la polarización y la fragmentación legislativa que existe en dicho país. Una de las medidas que tomaron en los últimos días fue reemplazar una medida del gobierno del expresidente Michel Temer que fijaba un techo al gasto público y congelaba el presupuesto por veinte años. La nueva regla fiscal propuesta por el gobierno de Lula prevé un crecimiento real de los gastos entre 0,6% y 2,5% anual. Además, incluye un sistema que permite trabajar sobre presupuestos reales durante todo el año dependiendo el crecimiento y el flujo de la recaudación.
Pero las reformas no solamente pertenecen a gobiernos de izquierda. A principios de marzo, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou anunció la reforma tributaria que involucra la primera rebaja neta de impuestos desde el año 2008. Con ella, el gobierno plantea una reestructuración escalonada sobre la presión tributaria del Impuesto a las Rentas de Personas Físicas (IRPF) para la mayor parte de los deciles. Solamente con esta medida, un total de 63 mil personas dejarán de pagar el IRPF (que representa un 14% del total de contribuyentes sujetos al impuesto), y hasta el 75% de los aportantes recibirán la rebaja impositiva pudiendo deducir una mayor cantidad de ingresos al fisco uruguayo.
Por otra parte, las modificaciones, que ya fueron aprobadas tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados, establecen una rebaja sustancial para el Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS). Así, más de 20 mil personas dejarán de pagar el IASS.
¿Por qué, de tres gobiernos de izquierda dos de ellos aumentan los impuestos para favorecer a las clases más castigadas mientras que otro hace lo contrario? ¿Qué impulsa al gobierno uruguayo, con una ideología diferente, a reducir la carga tributaria?
*Licenciado en Relaciones Internacionales (UCA).
