Desde Caracas
La audiencia ante los tribunales venezolanos de Antonio Ledezma, ex alcalde del Area Metropolitana de Caracas, fue postergada ayer por novena vez desde que el dirigente opositor fue encarcelado el 19 de febrero por supuesta conspiración contra del gobierno de Nicolás Maduro. Su esposa, Mitzy Capriles, consideró que la postergación es sólo una nueva maniobra evasiva del oficialismo. “Es otra burla más, la audiencia fue diferida para que no se escuche la voz de la verdad ni la sentencia que dictó el pueblo el 6 de diciembre”, afirmó Capriles.
Ledezma es una de las figuras antichavistas que integran la lista de ochenta prisioneros políticos que aguardan por una medida que permita su liberación. Desde el triunfo de la oposición en las recientes elecciones parlamentarias, ese conjunto de presos abriga esperanzas de salir pronto en libertad mediante la posible aprobación de una Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional.
Delsa Solórzano, diputada opositora reelegida en los comicios legislativos del pasado domingo, reiteró que esta legislación será promulgada por la nueva composición del Congreso, en la que la oposición tendrá mayoría. Según el antichavismo, ésta será la primera ley que aprobará el nuevo Parlamento. Este anuncio no ha pasado inadvertido para el gobierno. Maduro manifestó su rechazo ante la posibilidad de que sean liberados los presos políticos. “No aceptaré ninguna Ley de Amnistía porque se violaron los derechos humanos”, argumentó el mandatario venezolano.
“Derechos violados”. Pero el asunto no se reduce a la disputa entre ambos grupos políticos. Amnistía Internacional (IA) pidió al gobierno de Maduro que deje en libertad a los opositores y a los estudiantes presos. “Nosotros no pedimos amnistía, pedimos la liberación inmediata de las personas que han sido detenidas y cuyos derechos han sido violados, como (el líder opositor) Leopoldo López”, aseveró Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía. Grupos de activistas venezolanos también están alarmados por el debilitamiento de la democracia en su país. Más de 56 organizaciones no gubernamentales suscribieron y difundieron ayer un comunicado en el que expresaron su preocupación por la presunta vulneración de los derechos humanos durante el gobierno de Maduro.
