¿Ganó o perdió? Es el interrogante que se formulan los analistas políticos e, inclusive, los columnistas de los principales diarios brasileños, luego de los discursos pronunciados por Jair Bolsonaro en las dos manifestaciones más importantes que presidió este martes: la de Brasilia y la de San Pablo. A su favor, desde luego, se deberían computar las marchas multitudinarias que protagonizaron sus partidarios, especialmente en la Avenida Paulista, centro neurálgico de San Pablo, y en Río de Janeiro, en un desfile ocurrido a lo largo de la playa de Copacabana.
Pero, en su contra, juega un aislamiento político interno y puede toparse, de ahora en adelante, con un escenario más que negativo en el Congreso, y con una ruptura definitiva de relaciones con la Corte Suprema; en síntesis, en confrontación con los otros dos grandes poderes. ¿Qué conspiró contra la voluntad del jefe de Estado de demostrar su fortaleza y hacerla valer internamente? Fue, nada más ni nada menos, sus críticas abiertas con nombres y apellidos, a jueces del Supremo Tribunal Federal que suelen fallarle en contra. Sencillamente exigió en sus dos discursos que esos magistrados sean separados el máximo cuerpo judicial. Uno de ellos inclusive, Alexandre de Moraes, recibió amenazas de muerte de parte de un encumbrado partidario bolsonarista.
El presidente brasileño perseveró en la línea discursiva que desarrolla especialmente desde comienzos de este año. Durante la movilización, en el corazón de la capital paulista, el jefe del Palacio del Planalto fue más que enfático al decir: “Le digo a los canallas que jamás seré preso”. Eso no sería grave sino tuviera un viso de realidad: la única que lo puede juzgar penalmente, en este momento, es justamente esa Corte que detesta.
Pero luego avanzó en el diseño de su estrategia política para el año que le resta hasta las elecciones presidenciales de 2022 (que serán en octubre). Afirmó, tal vez sin pensarlo dos veces: “No puedo más ser partícipe de una farsa que comanda el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE)”. Se refería, específicamente, al magistrado Luis Roberto Barroso, un jurista que es miembro del Supremo Tribunal, pero además ejerce la dirección del organismo judicial electoral. La disputa que mantiene Bolsonaro con este juez tiene que ver con la propuesta presidencial de cambiar el sistema electoral.
‘Ultimátum’ a la Corte de un Bolsonaro cada vez más radicalizado
Según el gobierno actual, las urnas electrónicas utilizadas desde 1998, son pasto para el fraude. Y en función de esa sospecha, nunca comprobada, pretende volver al llamado voto impreso. Esa alternativa ya fue rechazada de plano, tanto por el TSE como por la propia Corte. En verdad no hay razón para temer adulteraciones de resultados: con ese sistema electrónico fue reelegido Fernando Henrique Cardoso en 1998; elegido Luis Inácio Lula da Silva, en 2002 y en 2006; y elegida Dilma Rousseff en 2010 y 2014. De haber una estafa electoral ya se habría practicado con los presidenciables del PT. Y eso no ocurrió.
El presidente Bolsonaro dijo más cosas, que desde el punto de vista institucional revestirían gravedad. De hecho, amenazó con deslegitimar las elecciones de 2022, en caso en que él resulte derrotado. Otra “ofensa” a los fundamentos democráticos, tal como estos se entienden hoy, fue la convocatoria a sus partidarios a “comprar armas” lo antes posible. Y a modo de justificación añadió: “El pueblo armado jamás será esclavizado”. Esa es una consigna muy original, procediendo como es el caso, de una figura presidencial que llegó al puesto más relevante de un país de la mano de sus votantes en elecciones generales.
Jair Bolsonaro llama a sus seguidores a tomar las calles de Brasil
¿Qué pasaba entre tanto en las movilizaciones de sus seguidores? Estos exhibieron hoy carteles juzgados por políticos, juristas y la prensa brasileña, como “profundamente antidemocráticos”: las pancartas exigían la clausura del Congreso, el cierre de la Corte y la intervención militar, en caso necesario. Si supuestamente se concretara esta última demanda, las consecuencias tendrían un único nombre: ¡Golpe de Estado!
Desde luego, si se analiza calmamente la situación es difícil, sino imposible, que ocurra tal eventualidad, como solía acontecer en el pasado. La última vez fue en 1964, cuando se estableció una dictadura que duró hasta 1985.
Jair Bolsonaro enfrenta riesgos que condicionan su reelección
Pero el contexto internacional inhibe proyectos de esa naturaleza. A través de funcionarios que desembarcaron en Brasilia, Joe Biden le transmitió a su colega brasileño que jamás apoyará “semejante” aventura. Ni hablar de la postura de la Unión Europea y de los socios sudamericanos, que rechazan de plano cualquier propósito golpista. Eso explica, inclusive, la iniciativa internacional de estos días, que manifestó temores por la suerte de la democracia brasileña bajo la égida bolsonarista: fue una declaración firmada por grandes personalidades del mundo.
Por primera vez, en sus dos años y ocho meses de gobierno, Bolsonaro debe enfrentar en adelante el peligro real del impeachment. Hasta ahora, las 126 demandas presentadas por partidos de izquierda, centro izquierda, abogados y juristas, con el objetivo de iniciar el juicio político contra la figura presidencia, fueron encajonadas por el presidente de la Cámara de Diputados Arthur Lira. Pero esta vez hay una diferencia: será el Partido Socialdemócrata de Brasil (PSDB), el de Cardoso, el que impulsará esa iniciativa. Esto juntará a toda la oposición, incluidos partidos del centro político que apoyaron inicialmente a Bolsonaro. Es el verdadero riesgo que enfrenta el jefe de Estado, porque si el juicio avanza podrá inhibirlo como candidato a su reelección.
