SAN PABLO – Por primera vez, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva calificó la operación policial en las favelas de Río de Janeiro ocurrida exactamente hace una semana. Sobre la acción emprendida por el gobernador Claudio Castro, un político de extrema derecha, el líder brasileño la definió como una “matanza” y advirtió que “es preciso investigar el asunto”. El operativo dejó un saldo de 121 muertos en los complejos del Alemán y de la Penha. De los 2.500 policías que intervinieron para desalojar al Comando Vermelho, murieron 4 agentes, mientras que los líderes de la organización narcotraficante escaparon indemnes al haber sido alertados previamente sobre la operación.
Durante los siete días posteriores, Lula permaneció prácticamente en silencio y pidió a sus ministros y colaboradores que se abstuvieran de criticar a Castro. Incluso, la mañana del martes, el gobernador llegó a señalar que la culpa del operativo era del Gobierno, que no lo habría apoyado. Luego tuvo que retractarse, y se reveló que no había sido informado con antelación sobre la acción, y que Lula se enteró mientras regresaba en vuelo desde Kuala Lumpur a Brasilia.
“El dato concreto es que esa operación, por la cantidad de muertos, fue desastrosa. Y eso a pesar de que algunos pueden haberla visto como un éxito. Desde el gobierno estamos intentando investigar a fondo, e incluso queremos que participen legistas de la Policía Federal. La decisión de los jueces de Río era detener a los delincuentes, no hubo ninguna instrucción sobre eliminar criminales”, señaló el mandatario.
Según el presidente de Brasil, la estrategia de silenciar las críticas respondió a la necesidad de consolidar una alianza con Castro, sellada el miércoles pasado junto al ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Lewandovsky. Tras el encuentro se anunció la creación de una Oficina de Combate al Delito Organizado, que será dirigida por el secretario de Seguridad Pública de Río, Victor Cesar Santos, y el secretario nacional, Mario Luiz Sarrubbo.
Con esta resolución, Lula espera facilitar el tratamiento en el Congreso de una propuesta de enmienda a la Constitución (PEC) elaborada por el Ejecutivo. Para avanzar en la investigación, el Senado instaló una Comisión Parlamentaria (CPI) sobre el narcotráfico, que abordará no solo Río sino también otras ciudades donde operan mafias. La comisión será presidida por un legislador afín al Partido de los Trabajadores.
El Gobierno activó un alerta máximo en las fronteras por la guerra narco en Brasil
El titular de la CPI, senador Contarato, sostuvo que es necesario “una resocialización” de los habitantes de las favelas que trabajan para los narcos. “No creo en la impunidad disfrazada de compasión. Me guía la defensa de la vida, de la justicia y de la verdad, y por eso no seré connivente con espectáculos ni oportunismos”, afirmó.
