El 6D abrió una nueva etapa en Venezuela. El chavismo ya no controla todos los poderes del Estado, como hizo en los últimos 17 años. Ahora, convivirá con una Asamblea Nacional con mayoría calificada de la oposición, lo que plantea serios desafíos institucionales. Si bien el presidente Nicolás Maduro reconoció la derrota electoral, adelantó que vetará la Ley de Amnistía que planea aprobar la Mesa de Unidad Democrática (MUD), para liberar a Leopoldo López.
Para bloquear ese proyecto, es clave la Justicia, facultada para declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Por eso, el PSUV busca designar a jueces para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) antes del 5 de enero, cuando asumirá la nueva Asamblea.
Una evidencia de ese apuro por ocupar cargos públicos fue la designación de Susana Barreiros al frente de la Defensoría Pública. La jueza que condenó a López será la encargada de velar por “el derecho a la defensa y el debido proceso”. Esas primeras reacciones preanunciaron un conflicto de poderes que puede marcar la política en la República Bolivariana. La disputa en las calles entre opositores y oficialistas se trasladará al recinto de la Asamblea Nacional, donde la MUD cuenta con 112 diputados. Esa cantidad configura una mayoría de dos tercios, lo que la habilita a destituir al vicepresidente, a ministros, designar magistrados y aprobar leyes habilitantes, entre otras cosas.
“El conflicto de poderes se presentaría entre la Asamblea y el TSJ, si éste se dedicase a boicotear a los diputados electos, declarando inconstitucional la gran mayoría de leyes que dicten. Pero la Asamblea tiene una legitimidad popular que la Justicia no tiene. Nadie ha votado a los jueces”, explicó a PERFIL Juan Manuel Raffalli, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello.
Refugiado en la Justicia y en el Palacio de Miraflores, el chavismo pretende resistir la embestida “antirrevolucionaria”, que incluiría derogación de leyes económicas, entre ellas la de Precios Justos. “Si el gobierno no acata las leyes, se tomarán las medidas necesarias”, aseveró ayer Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la MUD.
Disolución. Durante la campaña, el presidente afirmó que en caso de perder “gobernaría con el pueblo y con una alianza cívico-militar”. Tras la victoria de la oposición, se abrió un interrogante: ¿puede Maduro cerrar el Congreso? La Constitución venezolana lo faculta para hacerlo, pero sólo si el vicepresidente ejecutivo es destituido en tres ocasiones. Si bien Raffalli reconoce que si se boicoteara repetidamente a su segundo, el presidente podría hacer uso del artículo 236, cree que ese texto tiene una interpretación limitada. “Maduro no puede sustituir a la Asamblea por parlamentos comunales ni disolverla. Es el único cuerpo legislativo con competencia nacional”, dijo.
Ante un conflicto de poderes, Venezuela podría caer en una parálisis política inédita. Sin embargo, hay formas en las que ese escenario podría ser sorteado. Maduro está facultado para gobernar por decreto. Para ello, contaría con el respaldo de la Justicia oficialista. La oposición, en cambio, podría juntar firmas a partir de abril para convocar a un referendo revocatorio, reformar la Constitución para reducir el período de Maduro o convocar a una Asamblea Constituyente y renovar los cargos electivos.
