Por primera en 17 años, el presidente de Venezuela acudió a una Asamblea Nacional “hostil”, donde desafió a la oposición a alcanzar acuerdos o “escalar en una violencia” que suma al país en la incertidumbre. Durante su Memoria y Cuenta de 2016, Nicolás Maduro explicó las políticas que impulsará, ante un Parlamento controlado por la oposición. Pese a llegar en “inferioridad numérica”, ya que el bloque del PSUV apenas cuenta con 55 diputados, frente a los 112 de la Mesa de la Unidad Democrática, lo hizo con una fuerza renovada, luego de que la Justicia apartara a los tres legisladores impugnados por el chavismo. “Este año no va a ser fácil. No va a ser fácil manejar el conflicto de poderes. ¿Queremos la paz del país o escalar en una violencia que no sabemos adónde nos lleva?”, interpeló a los diputados opositores. “El camino es la paz, y eso no es debilidad”, agregó, tendiendo la mano a la oposición, pero también enviando un mensaje a sus bases más radicales. En otro apartado de su discurso, Maduro se quejó por la decisión del presidente del Congreso, el opositor Henry Ramos Allup, de retirar los cuadros con imágenes de Simón Bolívar y el ex presidente Hugo Chávez. “Estoy obligado a protestar por el trato que se les dio a retratos de Bolívar y Chávez”, dijo ante el aplauso enfervorizado del “bloque de la Patria”, como el presidente nombró a los diputados oficialistas. Tras su comentario, el jefe de Estado le regaló a un imperturbable Ramos Allup un libro con información sobre el Libertador, con la esperanza de que reviera su postura. Durante la apertura de sesiones ordinarias, Maduro pasó de las críticas a “la derecha venezolana” a solicitar un acuerdo que garantizara la estabilidad institucional. Paradójicamente, alternó dardos venenosos contra la oposición con propuestas de diálogo a ese mismo sector político. Reconoció la mayoría de la MUD en el Parlamento –“expresión de una situación histórica”–, pero se quejó de haber soportado acusaciones de integrar un “régimen tiránico y negador de libertades”. Además, propuso la creación de una comisión de “justicia, verdad y paz” que reemplace la ley de amnistía que pretende aprobar la oposición. Así, pidió que “no se imponga la visión del perdón de los victimarios a ellos mismos”, en una velada alusión a Leopoldo López y los episodios de violencia en febrero de 2014. Aunque la Asamblea Nacional no está facultada para aprobar o censurar el balance anual del presidente, el mensaje será sometido, según Ramos Allup, a un debate parlamentario en el que se podrá “emitir un pronunciamiento político”.
Decreto. Sin saberlo, Maduro utilizó ayer una de las herramientas preferidas de su “archirrival” Mauricio Macri, al decretar el “estado de emergencia económica” por un período de sesenta días. En una comparecencia desde el Palacio de Miraflores, el ministro de Economía Productiva, Luis Salas, señaló que la medida busca “proteger al pueblo en función de las amenazas existentes”. El decreto le concede al Ejecutivo “atribución para adoptar políticas oportunas que permitan atender eficazmente la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural que atraviesa la economía venezolana”. Salas dijo que intentan “mitigar los efectos de la inflación inducida, de la especulación, del valor ficticio de la divisa y del sabotaje a los sistemas de distribución de bienes y servicio”. En una Venezuela polarizada, Maduro tendió sin entusiasmo la mano a la oposición, que adelantó que promoverá su salida del poder en un plazo de seis meses. La paz parece aún estar lejos en la República Bolivariana de Venezuela.
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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela recibió ayer una nueva impugnación por parte de un ex diputado oficialista contra la elección de un miembro de la oposición en la Asamblea Nacional. Andrés Eloy Méndez, derrotado por un candidato de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el estado de Falcón, llevó el reclamo a la Sala Electoral de la instancia, con el alegato de que los reportes de su comando de campaña difieren de los resultados de la votación recogidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela. Con este recurso suman diez los parlamentarios antichavistas impugnados por el gobierno. El TSJ suspendió cautelarmente la investidura en la Asamblea Nacional de cuatro diputados, tres opositores y uno chavista. Mientras la Justicia delibera, la oposición pasó de 112 a 109 legisladores.
