Los sindicatos amenazaron ayer con “paralizar” Francia en marzo, si el presidente Emmanuel Macron “no escucha” el rechazo mayoritario de la población a su reforma de las pensiones, en plena jornada de nuevas manifestaciones masivas.
“Si pese a todo el gobierno y los legisladores siguen sin escuchar el rechazo popular, la intersindical llamará a paralizar todos los sectores en Francia el próximo 7 de marzo”, dijo el líder de la central FO, Frédéric Souillot.
La advertencia llegó en el marco de la cuarta jornada de protestas desde inicios de año. El Ministerio del Interior anunció 963 mil manifestantes y el sindicato CGT, “más de 2,5 millones”.
En París, donde se detuvo a diez personas por choques con la policía, se registró la mayor participación hasta ahora –entre 93 mil (policía) y 500 mil (CGT)– aunque a nivel nacional fue la del 31 de enero –entre 1,27 y 2,8 millones–.
Su objetivo es que el gobierno retire su propuesta de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y de adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42 como ahora) para poder cobrar una pensión completa.
Una mayoría de franceses, dos de cada tres, según los sondeos, se oponen a la reforma, con la que el gobierno busca acercar la edad de jubilación a la de sus vecinos en Europa y evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones.
“Me cuesta creer que el gobierno no escuchara este importante rechazo” en un “contexto difícil” de inflación para los ciudadanos, dijo a la AFP Gaëlle Leroy-Careto, de 47 años, en la marcha celebrada en París en un ambiente festivo.
Al igual que esta trabajadora social, Abdel Bemoussa, de 41 años, manifestó en familia, en su caso en Le Havre (noroeste): “Si para nosotros es 64 años, para mi hija, ¿qué edad será? ¿70 años?”, dijo el hombre.
De forma inesperada, una huelga de controladores obligó a anular ayer por la tarde la mitad de vuelos previstos en el aeropuerto parisino de Orly. La Dirección General de la Aviación Civil (DGAC) pidió “a las compañías aéreas que reduzcan su programa de vuelos en un 50% a partir de las 13 por toda la jornada”, anunció la administración en un comunicado.
“Bloquear la economía”. Todo apunta a un endurecimiento de la protesta a partir del 6 de marzo, cuando terminan las vacaciones escolares de invierno. Tras otra huelga el 16 de febrero, la primera gran acción de este cambio de ciclo se espera el 7 de marzo.
Los sindicatos del transporte público de París llamaron a un paro prorrogable en la RATP a partir de ese día para “bloquear la economía” y la central sindical CGT ya habló de una medida similar en el servicio de trenes.
La última vez que se logró parar una reforma de las pensiones en Francia fue en 1995, cuando el primer ministro de centroderecha Alain Juppé tuvo que dar marcha atrás tras una huelga general que paralizó durante tres semanas los transportes.
Este sector también estuvo en primera línea a fines de 2019 e inicios de 2020 contra el primer intento de reforma de Macron, que la pandemia lo obligó a aparcar. El liberal hizo de esta medida la clave de su actual segundo mandato.
La víspera, el presidente de 45 años pidió a los sindicatos “responsabilidad” para no bloquear el país y deseó que el debate se haga en el Parlamento. “Es así como la democracia debe funcionar”, estimó.
La tensión es máxima en la Asamblea (cámara baja) entre la oposición de izquierda Nupes y la alianza de Macron, que carece de mayoría absoluta y espera el apoyo de la oposición de derecha Los Republicanos (LR) a su reforma en curso de examen.
Pero tiene un as en la manga. El método parlamentario elegido le permite aplicarla a partir de finales de marzo, si las dos cámaras del Parlamento (Asamblea y Senado) no llegan a votarla ante las miles de enmiendas presentadas.
Independientemente del resultado, “no cabe duda que el ejecutivo saldrá debilitado en la opinión pública y no está nada claro que las oposiciones (especialmente la Nupes) salgan reforzadas”, estimó el jueves la empresa de sondeos Odoxa.
Los sindicatos temen que su adopción genere una “desesperanza social” que beneficie en las urnas a la extrema derecha. La ultraderechista Marine Le Pen, opuesta a la reforma, ya disputó el ballottage a Macron en 2017 y 2022.
