Luego de que la Fundación Hind Rajab (HRF) solicitara a Perú la detención y procesamiento de un soldado israelí por su presunta participación en crímenes de guerra cometidos en Gaza, la justicia abrió formalmente una investigación penal llevada a cabo por el abogado Julio Arbizu. El acusado se encuentra de “visita turística” en el país y pertenecería al arma de Ingenieros. Según explican, está señalado por haber desempeñado un rol directo en la destrucción de vecindarios civiles, lo que, según los denunciantes, podría constituir crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y actos de genocidio.
Según un comunicado realizado por el Centro Simon Wiesenthal: “HRF se presenta como una ONG de Derechos Humanos con sede en Bélgica pero resulta ser parte de una estrategia de individuos vinculados y entrenados por Hezbollah para erosionar la legitimidad de Israel en los foros internacionales y perseguir jóvenes que culminaron su obligado servicio militar en el Estado Judío”. En esta misma línea, la institución remarcó: “El líder de HRF, Dyab Abou Jahjah, admitió su entrenamiento por parte del grupo terrorista libanés y declaró abiertamente su apoyo a Hamas, justificando los ataques del 7 de octubre de 2023. Además, su historial incluye negar el Holocausto, pedir la implementación de la sharia en Europa y despreciar los derechos LGBTQ”.
Por su parte, el Dr. Dario Pendzik, Director Asistente del Centro Simon Wiesenthal para América Latina, sostuvo: “El sistema judicial peruano no debe caer en la trampa. Una cosa es aceptar la jurisdicción universal para evitar la impunidad en casos de crímenes de lesa humanidad, y otra muy distinta es perseguir a personas en función de su nacionalidad, hostigándolas judicialmente por presuntos delitos atribuidos a las autoridades de su país”.
En este sentido, indicó: “Este es un caso donde integrantes del terrorismo internacional, quienes rechazan el concepto de justicia occidental, tienen como objetivo principal aprovecharse del sistema e intentar que los ciudadanos israelíes queden aislados en su propio territorio. Lo perverso es que buscan la destrucción de Israel a la vez que la persecución de sus ciudadanos por el mundo. En síntesis, no deberían vivir en ningún lado. Los sistemas judiciales de los países de la región no pueden ni deben permitir ser utilizados para perseguir u hostigar viajeros por su nacionalidad”.
Contexto bélico complejo
La Fundación Hind Rajab sostiene que el Cuerpo de Ingenieros de Combate del ejército israelí desempeñó un papel central en lo que califica como una “campaña genocida” contra la población civil palestina en Gaza. Según denuncian, esta unidad no actuó como un simple apoyo logístico, sino como una fuerza de destrucción sistemática sobre áreas urbanas.
La organización asegura haber reunido cientos de expedientes individuales contra soldados israelíes, especialmente pertenecientes a este cuerpo militar. Estos casos ya comenzaron a presentarse ante distintas jurisdicciones nacionales en varios continentes, como parte de una ofensiva legal que se extenderá en los próximos meses.
En ese marco, la HRF celebró la admisión del pedido judicial en Perú, donde solicitaron la detención de un militar israelí que estaría vinculado a esas acciones. También instaron a otros Estados (especialmente aquellos que integran los Convenios de Ginebra y el Estatuto de Roma) a seguir el ejemplo peruano y habilitar investigaciones contra uniformados israelíes.
Este reclamo se da en un contexto internacional cada vez más delicado para el gobierno de Israel. La Corte Penal Internacional (CPI) ya solicitó la detención de Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant por crímenes de guerra y lesa humanidad, mientras que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) evalúa las acusaciones de genocidio presentadas por Sudáfrica.
TC/EM
