Se redoblan las denuncias casi en las vísperas de los comicios, con más de 150 presos políticos, “la libertad de prensa aniquilada”, oenegés prohibidas, indígenas vapuleados, mujeres perseguidas y “1654 hechos de violencia en el contexto electoral”. Los países de América Latina se encuentran divididos.
El Colectivo 46/2, una coalición de 16 organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos que impulsan la rendición de cuentas del gobierno de Nicaragua por la crisis de las libertades públicas y derechos individuales en el país desde el desencadenamiento de la represión estatal a partir de abril de 2018, denunciaron “la farsa electoral” que anticipan se perpetrará el domingo venidero.
Reclamaron en consecuencia a la ONU el nombramiento de un mecanismo de expertos independientes que investigue los hechos, sobre la base del modelo vigente para Venezuela, que ha contribuido a la apertura de un procedimiento por presuntos “crímenes de lesa humanidad” en la Corte Penal Internacional (CPI).
El nombre acuñado por estas organizaciones se desprende de la Resolución 46/2 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, adoptada en marzo de 2021, cuyas recomendaciones han sido ignoradas por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que busca perpetuarse en el poder, abriendo un compas de espera que podría desembocar en la puesta en marcha de una Misión de Establecimiento de Hechos, como ha sido el caso de Venezuela anteriormente citado. La nominación de expertos para dicha “Misión”, podría intervenir en la próxima reunión del citado Consejo en marzo de 2022, sabiendo que con antelación, concretamente el 14 de diciembre entrante, la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, debe publicar una actualización de sus informes de seguimiento del caso Nicaragua.
En este contexto, restan por disiparse las supuestas diferencias que dividen a los países de la región, que cuenta con 8 escaños entre los 47 que componen el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. No participarían en contribuir a la unanimidad de avanzar hacia un mecanismo equivalente al de Venezuela, las diplomacias de México y Argentina, que se abstendrían de sostener la iniciativa, la cual sería en cambio apoyada por Perú, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Paraguay, con el acompañamiento de Canadá, consenso al que se sumaría Estados Unidos, que acaba de incorporarse al Consejo. Se desconoce la actitud que podrían adoptar Uruguay, Bahamas, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Bolivia y El Salvador. Se opondrían Venezuela y Cuba.
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"Vivimos en una dictadura y no esperamos que cambie pronto. El gobierno de Ortega se ha empeñado en silenciar toda voz crítica y en meter a las y los opositores en la cárcel o forzarles al exilio. 45 ONG han sido cerradas por criticar al régimen y 7 personas candidatas electorales han sido detenidas. Estas elecciones son una auténtica farsa. En todo caso habría que llamarlas votaciones ya que el proceso carece de todas las garantías democráticas para ser calificado como elecciones justas, libres y transparentes", afirmó Olga Valle, Investigadora de Urnas Abiertas, una de los participantes que intervinieron en el debate celebrado por vía electrónica, al que asistieron periodistas.
"Ortega seguirá en el poder después del próximo domingo 7 de noviembre y la represión contra quienes defienden los derechos humanos y piensan diferente al régimen probablemente se agravará. Tememos sobre todo por la seguridad y el bienestar de las personas que siguen detenidas. Es hora de que la ONU responda con más firmeza", añadió Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza, Igualación y Derechos Humanos. Cabe acotar que ante el inminente desenlace electoral, la Iglesia Católica parece alentar la abstención la población ante la convocatoria de acudir a las urnas.
En marzo de 2021, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución (46/2) en la que pide al gobierno nicaragüense que adopte una serie de medidas urgentes para reparar la situación de los derechos humanos. Estas medidas se refieren entre otras a garantizar el derecho a la libertad de expresión y asociación, respetar los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres, las personas defensoras de derechos humanos, mejorar el acceso a la justicia y reforzar la cooperación de Nicaragua con los mecanismos internacionales de derechos humanos, resumieron quienes intervinieron en la formulación de denuncias, infracciones que también atañen al movimiento feminista, con 11 de sus militantes detenidas y 8 formaciones declaradas ilegales.
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"Creemos que la resolución 46/2 era una de las últimas oportunidades para que el régimen de Ortega demostrara su voluntad de cooperar de buena fe con la comunidad internacional para encontrar una solución a la crisis en el país", explicó Juan Carlos Arce, miembro del consejo de coordinación y coordinador de fortalecimiento organizativo del Colectivo Nicaragua Nunca Más.
"Como el Gobierno no ha hecho esfuerzos para implementar la resolución y ha tomado medidas contrarias a la misma, creemos que es el momento de que la ONU nombre un grupo de personas expertas que pueda investigar las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en nuestro país desde hace más de 3 años" precisó Arce.
"Este mecanismo de investigación debe ser capaz de documentar y preservar las posibles pruebas de abusos para que los responsables puedan ser llevados ante la justicia en un futuro próximo. Nicaragua necesita justicia y verdad para salir de esta crisis y recuperarse como sociedad" concluyó Raphael Viana, Oficial de Programas del Servicio Internacional para los Derechos Humanos, insistiendo en el objetivo que alentará a estas 16 oenegés hasta marzo del 2022, cuando vuelva a reunirse en Ginebra el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
