Al menos dos o tres personas, según las fuentes, murieron y otras 19 resultaron heridas ayer en varios ataques con explosivos en la ciudad afgana de Jalalabad, en el este del país, los primeros desde la retirada total de las tropas estadounidenses, que muestran la frágil situación del país en materia de seguridad pesel al control de lamayoría del país que ejercen los talibanes.
“En al menos uno de los ataques el blanco fue un vehículo con talibanes que patrullaban la ciudad”, dijo una fuente talibana que no quiso revelar su identidad. “Entre los heridos hay mujeres y niños”, agregó.
Un responsable del departamento de salud del estado de Nangarhar, cuya capital es Jalalabad, dijo que había tres muertos y 18 heridos en las explosiones. Los medios locales apuntan que los fallecidos son dos. Los ataques no habían sido reivindicados ayer. Fotografías del lugar de una de las explosiones muestran un vehículo verde de la policía con la bandera talibana, con el capó deformado y en posición vertical, en medio de escombros.
Jalalabad es el bastión de miembros del Estado Islámico en Afganistán, rivales de los talibanes y que ya reivindicaron el sangriento atentado que costó la vida a más de 100 personas en el aeropuerto de Kabul a finales de agosto, durante las caóticas evacuaciones.
Pero desde que las tropas extranjeras salieron del país, el 30 de agosto, no hubo actos violentos de importancia en Afganistán. Paralelamente, los talibanes prometieron traer de vuelta la paz y la estabilidad tras 40 años de guerras, crisis y turbulencias políticas.
Los niños sí, las niñas no. Horas antes de estos ataques, las escuelas secundarias reabrieron sus puertas en Afganistán pero no había ni alumnas ni profesoras pues los talibanes solo permitieron el acceso de los varones, ante el disgusto de la Unicef, que pidió que “no se deje de lado a las niñas”.
El Ministerio de Educación anunció el viernes que “todos los hombres, profesores y alumnos” de secundaria podían regresar a clase, sin hacer ninguna referencia a las maestras o alumnas. La decisión incumbe a estudiantes de entre 13 y 18 años.
Las mujeres conservan el derecho a estudiar en la universidad, pero deben cubrirse con una abaya, una túnica hasta los pies, y un hiyab o velo, y los cursos se realizan en la medida de lo posible sin mezclar hombres con mujeres. Las niñas también acuden a la escuela primaria separadas de los niños y algunas maestras siguen ejerciendo.
Desde su retorno al poder en agosto, los talibanes intentaron tranquilizar a los afganos y a la comunidad internacional asegurando que los derechos de las mujeres serían respetados. Pero estas afirmaciones no se reflejan en las decisiones del nuevo ejecutivo, en el que no hay ninguna mujer y se teme que ocurra la misma situación que cuando los islamistas gobernaron, entre 1996 y 2001. En ese momento, el movimiento islamista llevó a cabo una política especialmente represora frente a las mujeres, a las que prohibió trabajar, estudiar, hacer deporte o andar solas en la calle.
En 2001, cuando los talibanes fueron depuestos por una coalición internacional liderada por Estados Unidos, las mujeres pudieron recuperar progresivamente sus derechos y acceder a sectores de la sociedad o a actividades que les estaban prohibidas.
“Unicef se felicita por la reapertura de las escuelas secundarias en Afganistán, pero subraya que no puede dejarse de lado a las niñas”, dijo el viernes la directora ejecutiva de la agencia de la ONU, Henrietta Fore.
“Es esencial que todas, incluidas las más mayores, puedan continuar su educación sin más retrasos y que las profesoras puedan seguir enseñando”, afirmó la agencia de la ONU en un comunicado en el que recordó los “progresos considerables” que se habían registrado en los últimos 20 años, cuando el número de escuelas en el país se triplicó y el número de niños y niñas escolarizados pasó de un millón a 9,5 millones.
Trágico error”. Cuando se cumple un mes de la toma de Kabul por parte del movimiento islamista radical y de las evacuaciones caóticas de miles de afganos y extranjeros, el ejército estadounidense reconoció el viernes que mató a diez civiles inocentes en un error “trágico”, al tomar por blanco un vehículo que creyó que estaba cargado de explosivos, el 29 de agosto.
En total, más de 71.000 civiles afganos y paquistaníes murieron en los 20 años de guerra en Afganistán.
También el viernes, el Consejo de Seguridad de la ONU renovó por seis meses su misión política en Afganistán, centrada en la promoción de la paz y la estabilidad. Los talibanes no se han opuesto a la presencia de la ONU.
El retorno de los islamistas al poder y la situación del país será uno de los temas centrales de la Asamblea General de la ONU la próxima semana. Pero la cuestión de quién hablará en nombre de Afganistán todavía no se ha aclarado.
Dolor de familiares de víctimas de ataque “por error” de EE.UU.
Agencias
Los familiares de las víctimas de un ataque de dron estadounidense que mató a civiles afganos inocentes “en un trágico error” en agosto en Kabul consideraron ayer que las disculpas de Washington son “insuficientes”.
“No es suficiente”, dijo Farshad Haidari, el sobrino de Ezmarai Ahmadi. “Tienen que venir aquí y disculparse cara a cara”. Farshad Haidari, cuyo hermano Naser y unos primos murieron en el ataque, afirmó que Estados Unidos no contactó con su familia.
“Tienen que venir y compensar”, estimó el joven de 22 años, en la casa familiar de Kwaja Burga, el barrio del noroeste de Kabul donde estaba aparcado el automóvil destruido por el dron estadounidense.
El 29 de agosto, Estados Unidos destruyó este vehículo, afirmando que estaba “cargado con explosivos” y que de este modo se había frustrado un intento de atentado del brazo local del grupo Estado Islámico, el EI-K.
Al día siguiente, la familia del conductor del vehículo, Ezmarai Ahmadi, contó que éste era empleado de una ONG y que diez personas, incluidos siete niños, murieron en el ataque.
El viernes el ejército estadounidense se retractó y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, presentó “su más sincero pésame” y “disculpas” por “el trágico error”. El hermano del empleado muerto por el “error”, Aimal Ahmadi, cuya hija Maleka de tres años también falleció en el ataque, lo consideró insuficiente.
“Hoy es una buena noticia para nosotros que Estados Unidos haya reconocido oficialmente haber atacado a civiles inocentes”, declaró. “Se ha demostrado nuestra inocencia”, pero ahora “pedimos justicia y queremos compensaciones”.
El viernes, el general Kenneth McKenzie, jefe del mando central de las fuerzas armadas, aseguró que se está estudiando el pago de indemnizaciones a las familias de los civiles muertos. No dio cifras.
El sobrino de Ezmarai Ahmadi pide además que se “detenga y juzgue” a los responsables del ataque y recordó que varias de las víctimas habían trabajado o trabajaban para Estados Unidos.
“Naser trabajó con los estadounidenses durante unos 10 años. Mi tío también trabajó con organizaciones internacionales”, recalcó, y precisó que todos habían recibido documentos para ser evacuados del país, después de que los talibanes tomaran el poder a mediados de agosto. Antes de morir en el ataque, todos contaban con ir pronto a Estados Unidos, dijo.
