El referéndum del domingo pasado en Cataluña no fue una flor en el desierto: la votación catalana se suma a una extensa lista de consultas populares sobre temas cruciales celebradas en tiempos recientes en distintas latitudes. Aunque el recurso plebiscitario no es ninguna novedad en términos históricos, aparece hoy como una reacción cada vez más habitual ante la crisis de representatividad de las instituciones democráticas.
Basta con repasar los principales acontecimientos políticos que tuvieron lugar en los últimos dos años en Europa, Latinoamérica y otras regiones. En 2017, el antichavismo llamó a una consulta “simbólica” en Venezuela contra la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro; Recep Tayyip Erdogan se consagró como autócrata en Turquía a través de un referéndum constitucional; Puerto Rico votó anexarse a los Estados Unidos; el Sí a la creación de un estado soberano arrasó en el Kurdistán iraquí; y Lenin Moreno quiere eliminar la reelección indefinida a través de un plebiscito en Ecuador.
En 2016, la victoria del Brexit desató una crisis sin precedentes en el Reino Unido y la Unión Europea; una derrota
en un referéndum constitucional en Italia le costó el cargo al ex primer ministro Matteo Renzi; los colombianos rechazaron, por diferencia mínima, las negociaciones de paz con las FARC; y los bolivianos dijeron No al proyecto reeleccionista de Evo Morales.
“Ese recurso más o menos habitual de las consultas sugiere la ansiedad que hay por satisfacer reclamos de la sociedad civil por más democracia –dijo a PERFIL Roberto Gargarella, doctor en Derecho y académico especialista en democracia y filosofía política–. Hay una conciencia cada vez más extendida de que nuestros sistemas políticos son deficitarios en términos de participación democrática, y que ello requiere remedio”.
La pregunta es si el recurso plebiscitario es el antídoto indicado ante la pérdida de legitimidad de las instituciones representativas. Y, en todo caso, cuáles son las condiciones ideales para el desarrollo de procesos de esa naturaleza. Los referéndums parten del supuesto de que basta con que una porción considerable de la población se exprese en las urnas a favor de cierto postulado para que éste gane una legitimidad, e incluso legalidad, casi automáticas. Sin em
bargo, la experiencia sugiere que esta noción de que “si se vota, vale” suele acarrear ciertos problemas y riesgos.
En opinión Patricio Navia, profesor de la New York University y la Universidad Diego Portales, “el hecho de que la gente se exprese en una votación no quiere decir que todos los que votan por algo estén de acuerdo en los detalles de lo que eso significa”. Según el politólogo chileno, la clave está en quién redacta las preguntas y quién controla los eventos posteriores a la votación, es decir que “la clave está en el mismo proceso político que existe en la democracia representativa y que produce ese descontento que alguna gente convierte en una demanda por formas de democracia directa”.
El Brexit sirve a modo de ejemplo. Una mayoría de los británicos quería redefinir su relación con Europa, pero eso no significaba que todos ellos quisieran abandonar la Unión Europea. Incluso había matices entre quienes sí querían el Brexit. Sin embargo, el referéndum se planteó en términos dicotómicos: Sí o No a salir del bloque comunitario.
La presunción de legitimidad asumida por quienes convocan a las consultas puede ser un arma de doble filo. “Lo que es legítimo para unos puede no serlo para otros –señaló el politólogo Andrés Malamud, investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa–. Los plebiscitos, cuando no constituyen un mecanismo aceptado sino que son impuestos por una parcialidad, provocan el doble efecto de legitimar el resultado para una parte y deslegitimarlo para la otra. Por definición, una opción dicotómica excluye la posibilidad de negociar un punto medio. Este todo o nada puede conducir a la quiebra de la democracia o de la comunidad política”.
Otro rasgo común a estas consultas es el alto nivel de abstención que suelen registrar. Lo cual expone la endeblez de los procesos de debate público que deberían anteceder a los referéndums. “Una decisión que no es precedida por marco de discusión e información amplísimos previos pierde validez –subrayó Gargarella–. Muchos gobiernos quisieron utilizar referéndums para relegitimarse con elecciones que asumían ganadas, y se despreocuparon por dichos debates previos. El proceso catalán también pecó en términos de inclusividad”.
