Durante seis años, fueron protagonistas de la escena política brasileña. Se convirtieron, a partir de 2014, en los “héroes” de la lucha contra la corrupción. Pero los fiscales de las “fuerzas-tarea”, que se integraron en Curitiba (capital de Paraná) y San Pablo para investigar el caso Lava-Jato, están en declive. Y nada menos que bajo un gobierno, el de Jair Bolsonaro, que de algún modo habían ayudado a elegir.
El martes renunció a su misión el procurador Deltan Dallagnol, figura central en el armado de los procesos contra el ex presidente Lula da Silva, y en las condenas que lo llevaron a prisión durante un año y medio. Asociado en ese cometido con el ex juez y ex ministro de Justicia Sergio Moro, el alejamiento definitivo de esa causa fue confirmado por el Ministerio Público Federal (con sede en Brasilia). El fiscal dejó la función por “motivos familiares”, según declaró. Pero lo cierto es que estaba bajo intensa presión ejercida desde Brasilia por su jefe, el procurador general Augusto Aras.
La imparcialidad del Lava-Jato fue puesta en jaque después que se hicieran públicos una larga serie de mensajes intercambiados entre Dallagnol, Moro y sus colegas
La imparcialidad del Lava-Jato fue puesta en jaque después que se hicieran públicos una larga serie de mensajes intercambiados entre Dallagnol, Moro y sus colegas, a través de la aplicación Telegram. Difundidos por el site The Intercept, en alianza con los diarios Folha de Sao Paulo y El País (de España), esos diálogos pusieron en evidencia la “parcialidad” en las acusaciones contra Lula. Según subrayó El País, una serie de “documentos confidenciales” y “las conversaciones entre investigadores de la Operación Lava Jato contra la corrupción en Brasil, pusieron patas arriba la actuación del principal grupo de fiscales, el de la ciudad de Curitiba” que comandaba Dallagnol. “Los mensajes, publicados desde junio por The Intercept y otros medios, colocaron en tela de juicio la imparcialidad de la mayor operación anticorrupción brasileña”. A partir de esas revelaciones, la actuación del fiscal “estrella” sufrió cuestionamiento en el Consejo Nacional del Ministerio Público, a dónde llegaron pedidos para su remoción. Ese organismo es dirigido por el procurador general Aras, nombrado por el presidente Bolsonaro.
El último miércoles un nuevo hecho aumentó la conmoción: siete fiscales presentaron la renuncia a la “fuerza-tarea” del Lava-Jato en San Pablo. El desbande, según los medios brasileños, implicó otro revés para esa mega causa, que tuvo como capítulo central las coimas pagadas por la constructora Odebrecht a políticos y funcionarios no sólo brasileños sino también de América Latina. Los procuradores cesantes argumentaron que existe en marcha “un proceso destinado a desmontar” la “fuerza-tarea”, y denunciaron que ese procedimiento está en mano de la procuradora Viviane de Oliveira Martinez. La responsabilizan por haber frenado investigaciones, como por ejemplo la que afecta al senador José Serra del Partido Socialdemócrata de Brasil (PSDB), ex gobernador de San Pablo, sospechado de lavado de dinero.
Lo cierto es que, a partir del 2014 y hasta el año pasado, la “República de Curitiba” como bautizaron los medios brasileños a la “fuerza-tarea” del fiscal Dallagnol, era percibida por la sociedad como adalid de la lucha “contra el mal mayor” que representaba la corrupción de políticos, vinculados a autoridades y a empresarios. El procurador, entonces mano derecha del ex juez Moro, era recibido en conferencias pronunciadas no sólo dentro de Brasil sino también en el exterior. Ambos, Moro y Dallagnol, eran vistos como los principales intérpretes del anti-lulismo que dominó a amplios sectores de las clases medias y altas del país, desde 2014 en adelante. La consecuencia que resultó de las actividades de los “lava-jatistas” fue la erosión de los grandes partidos políticos, tanto los de izquierda, como los de centro y los de derecha. “Y ese fue uno de los principales factores relacionados con la victoria electoral del entonces candidato Jair Bolsonaro” escribió el diario Estado de Sao Paulo.
Pasado el momento de máxima funcionalidad, especialmente política, de las denuncias del Lava Jato, el equipo de fiscales y jueces empezó a transitar en 2019 un sendero de derrotas que le infligió la Corte Suprema
Pasado el momento de máxima funcionalidad, especialmente política, de las denuncias del Lava Jato, el equipo de fiscales y jueces empezó a transitar en 2019 un sendero de derrotas que le infligió la Corte Suprema. Los magistrados de esa máxima instancia decidieron revisar los juicios y retirar varios casos que estaban bajo la responsabilidad de esos procuradores.
Si el Lava-Jato resulta cuestionado, podría eventualmente impactar en el ex ministro Moro, quien renunció en abril último por diferencias con el jefe de Estado brasileño. De acuerdo con Fabio Kerche, doctor en ciencias políticas y profesor de la Universidad de Río de Janeiro (UERJ), “la fuerza-tarea del Lava Jato se zambulló en la política, con un discurso de que todos los partidos son corruptos. La corrupción se convirtió en un tema central y Bolsonaro surfeó sobre esa ola”.
*Autora de Brasil 7 días.
