A pesar de haberse anunciado como el paladín justiciero contra la corrupción en la campaña de 2012, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, debió presentar su renuncia ante el Congreso de su país para someterse a un proceso judicial imputado de graves delitos.
"El señor presidente de la República de Guatemala presentó su renuncia", precisó el vocero presidencial Jorge Ortega por medio de un comunicado y explicó que la dimisión fue presentada ayer al Legislativo, un día después de que ese organismo decidió por unanimidad retirarle la inmunidad.
Luego de emitir el comunicado, Ortega dijo a la agencia AFP que Pérez renunció "para mantener la institucionalidad del país" y "para mantener la figura de la presidencia alejada del proceso judicial". La dimisión del presidente ocurrió casi al mismo tiempo que un juez emitió una orden de captura en su contra.
Tras la salida de Pérez, el máximo cargo político del país "lo asumirá el vicepresidente Alejandro Maldonado", agregó el funcionario.
La renuncia de Pérez ocurre tres días antes de que los guatemaltecos acudan a las urnas para elegir al nuevo presidente, vicepresidente, 338 alcaldes, 158 diputados y 20 representantes al Parlamento Centroamericano, en unas elecciones marcadas por la crisis política desatada por varios casos de corrupción en el gobierno que ha provocado protestas masivas de repudio.
Pérez, un general retirado de 64 años, fue acusado el pasado 21 de agosto por la Fiscalía y una comisión de la ONU contra la impunidad en Guatemala de ser uno de los cabecillas de una red denominada "La Línea", dedicada al cobro de sobornos a empresarios para la evasión de impuestos en el sistema nacional de aduanas.
En un fallo histórico y en medio de celebraciones de la población, el martes 132 diputados votaron de forma unánime quitar el fuero de inmunidad al mandatario. Por este caso se encuentra en prisión preventiva la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien renunció el pasado 8 de mayo.
"Mano dura". Otto Pérez llegó a la presidencia en enero 2012 con la promesa de aplicar "mano dura contra la criminalidad". Casi cuatro años después, la promesa quedó incumplida. Formado en tácticas contrainsurgentes y contrainteligencia durante la guerra civil (1960-1996), el gobernante se encuentra acosado por la presión de un pueblo que cerró filas contra la corrupción, luego que la Fiscalía y una comisión de la ONU contra la impunidad lo acusara de ser el cabecilla de la estructura de defraudación fiscal, el pasado 21 de agosto.
