Bolivia inaugura este lunes la ronda de alegatos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por la demanda contra Chile por la salida al mar, con una delegación encabezada por el presidente boliviano, Evo Morales. El gobierno boliviano será el encargado de la primera exposición, este lunes y martes, como resultado de un reclamo presentado en la Corte Internacional en abril de 2013. Chile responderá los días 22 y 23 y después de eso Bolivia abrirá una segunda ronda el día 26, con una audiencia final para Chile el 28.
Bolivia solicitó a la CIJ que "falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe con Bolivia un acuerdo pronto y efectivo que le otorgue una salida plenamente soberana al océano Pacifico". "En vísperas de la audiencia de alegatos orales en el Palacio de la Paz de CIJ de La Haya, convoco a nuestro pueblo a unirse en vigilia y acompañarnos en la presentación de nuestros argumentos jurídicos apoyados en la historia y verdad para lograr una salida al mar con soberanía", dijo en Twitter Evo Morales este domingo.
El gobierno de Morales argumenta que a lo largo del siglo XX, Chile ofreció en diferentes gobiernos y momentos solucionar el tema de un acceso soberano al mar tras la Guerra del Pacífico de 1879-1883, cuando Bolivia perdió 120.000 km2 de territorio y 400 km de costa, su única salida al mar, pero que nunca cumplió.
La tesis de Chile, es que si bien, a lo largo de su historia, ha dialogado con Bolivia para mejorar su acceso al Pacífico, no lo ha hecho como un reconocimiento de una obligación pendiente, sino como un acto de buena vecindad.
En la antesala de los debates orales, los dos gobiernos manifestaron su optimismo. La CIJ emitiría un fallo a fines de este año o a principios del próximo. Chile y Bolivia sólo tienen relaciones a nivel consular desde 1978, tras un fallido acercamiento. Morales, quien encabeza la delegación boliviana en La Haya, que integran además expresidentes y exministros, señaló en Twitter desde Holanda que "pronto Bolivia tendrá otra vez su mar".
"Demandamos a la CIJ, que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe y de manera pronta y efectiva, una salida soberana al #MarParaBolivia", dijo el presidente. El optimismo de Morales es tal, que incluso sugirió que tras el fallo de La Haya, que considera que será positivo, deberían elegirse mediadores, como la ONU, el papa Francisco y expresidentes, para darle un seguimiento. El presidente chileno Sebastián Piñera, que asumió el mando la semana pasada, opinó con igual optimismo: "Quiero reafirmar una vez más la unidad y fortaleza de los argumentos de la posición chilena, tanto en lo legal, jurídico, como histórico y los hechos".
Chile ha insistido que el Tratado de Paz de 1904 definió los límites de mutuo acuerdo y que la más alta instancia judicial de la ONU no le puede obligar a ceder ni soberanía ni territorio. Bolivia obtuvo su primera victoria en la CIJ en septiembre de 2015, cuando la Corte resolvió que tenía competencia sobre la demanda, pese a la objeción preliminar de Chile. Si bien esa resolución fue mero trámite, La Paz la consideró un éxito que reveló la debilidad de Santiago en el proceso, pues el fallo del tribunal fue de 14 votos contra 2.
Chile enfrenta una segunda demanda en La Haya, en este caso por parte de Perú, por una disputa de jurisdicción marítima también surgida de la Guerra del Pacífico, que obtuvo en 2014 un fallo favorable a Lima, que le permitió incorporar bajo su soberanía una porción de 50.000 km2 de océano. Perú y Bolivia fueron aliados en esa conflagración frente a Chile y tuvieron que ceder territorios al vencedor: los peruanos su región austral rica en minerales y los bolivianos su única salida al mar.
La Paz espera reeditar el logro peruano. Lima también sigue atento el proceso boliviano-chileno, pues tiene un acuerdo firmado con Santiago en 1929 que establece que debe ser consultado, si Chile decidiera ceder en algún momento a Bolivia un territorio que fue suyo antes de la guerra. Chilenos y bolivianos enfrentan un segundo proceso en trámite en la CIJ, por el uso de las aguas del Silala. Para Santiago, que presentó en 2016 la demanda, es un río internacional, mientras que La Paz considera que le pertenece.
