El vicepresidente de Brasil, Michel Temer, está convencido de que tarde o temprano ocupará el sillón de Dilma Rousseff en el Palacio del Planalto. Ya sea que el Senado la suspenda del poder por 180 días o que ella renuncie a la presidencia, el líder del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) ya diseña su plan de gobierno para sucederla. Por eso presentó a fines de 2015 un programa, llamado “Un puente para el futuro”, que adelanta que aplicará un riguroso ajuste fiscal y girará hacia un manejo más ortodoxo y liberal de la economía.
El eje del eventual gobierno de Temer será sacar a Brasil de la crisis. Prevé aplicar rápidamente una batería de medidas, como bajar el déficit fiscal, que trepó al 9% del producto bruto interno (PBI) en 2015. Con ese objetivo, reducirá la cantidad de ministerios, que pasarían de 31 a 25. Ese proyecto choca, sin embargo, con la política de alianzas y compromisos que tejió para motorizar el juicio político a su compañera de fórmula, erosionando la cantidad de cargos para repartir a partidos como el PSDB de Aécio Neves.
Planes sociales. “Las modernas economías de mercado necesitan de un Estado activo y moderno. La cuestión central es que el Estado funcione, cualquiera sea su tamaño... La solución del desajuste fiscal será muy dura para el conjunto de la población y tendrá que contener medidas de emergencia”, sostiene el documento programático de Temer, elaborado por el PMDB y por la Fundación Ulysses Guimarães. Desde el Partido de los Trabajadores (PT) advirtieron que el ajuste fiscal incluirá recortes en los programas sociales que ideó Lula y continuó Dilma: Bolsa Familia y Mi casa, mi vida. Desde su cuenta de la red social Twitter, el vicepresidente negó esa versión: “Falso. Es una mentira rastrera. Mantendré todos los programas sociales”. Según el diario O Globo, nombraría al diputado Osmar Terra, del PMDB, como ministro de Desarrollo Social, encargado de los emblemáticos planes. El partido insinuó que evalúa aumentar el Bolsa Familia el 5% a los beneficiarios más pobres.
Made in Argentina. “El programa que divulgó Temer tiene características similares a lo que Macri está aplicando en la Argentina”, explicó a PERFIL Clovis Rossi, analista político de Folha de S. Paulo. La iniciativa del actual vice también contempla una reforma presupuestaria que evite el endeudamiento y el déficit, y una previsional que fije la edad mínima de jubilación en 65 años para los hombres y 60 para las mujeres.
Además, Temer plantea obtener un superávit primario, contener el aumento de la deuda pública –que alcanza al 67% del PBI– y disminuir la inflación, que en los últimos doce meses llegó al 9,28%.
“Nuestro propósito es crear las condiciones para el crecimiento sostenible de la economía brasileña, a una tasa media de no menos del 3,5% al 4% por año a lo largo de la próxima década”, explicita el documento, que da por sentado que la presidencia de Temer será más prolongada de lo que sugiere el actual mandato –2018– o que, por lo menos, sentará las bases para el desarrollo del país en los próximos diez años.
Esa declaración de intenciones no parece descabellada para un político de raza y con ambiciones como Temer, que no dudó en acompañar hasta la puerta del cementerio a Rousseff y, luego, supo despegarse a tiempo. Para que sus recetas económicas sean aplicadas, falta aún el voto del Senado, que podría suspender a la mandataria en los próximos días. Mientras tanto, Temer mira el reloj y espera. Sabe que ya tiene “un puente para el futuro”.
La comisión del Senado aprobó iniciar el impeachment
La comisión especial del Senado brasileño aprobó ayer el pedido de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff y lo giró al recinto, que posiblemente la suspenda del cargo la semana próxima. El voto de la comisión no es vinculante pero marca el último paso formal antes de que el plenario de la Cámara alta decida el próximo miércoles o jueves si inicia un juicio político a Rousseff y la aparta del poder por 180 días mientras la juzga.
Con una clara mayoría de 15 votos contra cinco, la comisión, que debatió durante diez sesiones, recomendó avanzar con la destitución de la mandataria. “La alegación de que este impeachment constituye un golpe es absolutamente impropia y carece de amparo fáctico y legal. Por el contrario, este proceso es justamente un mecanismo constitucional que previene de rupturas institucionales”, rezó el documento aprobado por los legisladores.
La oposición acusa a Rousseff de haber cometido un “crimen de responsabilidad” al utilizar préstamos de bancos estatales para ocultar déficits presupuestarios en 2014 y 2015. En abril, la Cámara de Diputados aprobó por una aplastante mayoría la continuidad del juicio político contra Rousseff.
La presidenta reiteró ayer que no renunciará a su mandato porque eso sería equivalente a “enterrar la prueba viva del golpe”. La jefa de Estado sostuvo que “todos los beneficiarios del proceso que pretende usurpar el poder” son “cómplices”.
