La Justicia brasileña autorizó este viernes la liberación del expresidente de Luiz Inácio Lula da Silva, que cumple desde abril de 2018 en Curitiba una pena de 8 años y 10 meses de cárcel por corrupción. El político de centroizquierda ha estado encarcelado por 580 días.
El juez de ejecución de penas Danilo Pereira Júnior determinó que ya "no existen fundamentos para la ejecución de la sentencia", después que la Corte Cuprema decidiera el jueves que nadie puede ser encarcelado mientras tenga recursos legales disponibles.
Mientras los militantes del Partido de los Trabajadores (PT) aguardan la salida de su líder político para celebrar, el propio Lula ya manifestó su alegría a través de las redes sociales. En Twitter escribió la leyenda "Lula Livre", y la acompañó con un video de él mismo haciendo ejercicios y poniéndose en forma.
En tanto, la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, afirmó poco antes que Lula tiene la intención de "agradecer" a las personas que realizan una vigilia de apoyo en Curitiba "desde hace 580 días" y que una de sus primeras actividades previstas será visitar el Sindicato de los Metalúrgicos de las afueras de Sao Paulo donde inició su carrera política.
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El proceso judicial en su contra fue el motivo por el cual Lula no se pudo presentar a las últimas elecciones que terminaron erigiendo a Jair Bolsonaro como presidente. Según algunas encuestas, el exmandatario era el favorito a vencer en los comicios.
La causa.
Lula fue condenado como beneficiario de un departamento en el Guarujá, ofrecido por una constructora a cambio de contratos en Petrobras.
Pero el expresidente niega los cargos y se considera víctima de una manipulación judicial para impedirle presentarse a los comicios presidenciales de 2018, en los que resultó elegido Bolsonaro.
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Tanto Lula como sus partidiarios profundizaron esta postura cuando Bolsonaro designó ministro de Justicia al juez Sergio Moro, emblema de la operación anticorrupción Lava Jato y autor de la primera condena contra el expresidente (2003-2010).
Moro afirmó este viernes que la decisión de la Corte "debe ser respetada", pero sostuvo que "continuará" defendiendo la prisión después de una condena en segunda instancia. "El Congreso puede, de todos modos, modificar la Constitución o la ley" para permitirlo de nuevo, agregó.
