En el centro de una presión internacional creciente y bajo advertencias explícitas de Estados Unidos, Irán volvió a defender este viernes su derecho al enriquecimiento de uranio, considerado por las autoridades de la república islámica como un elemento central de su programa nuclear civil. Mientras tanto, la Casa Blanca reiteró que aún hay “muchas razones” para considerar una acción militar si Irán no accede a un acuerdo que limite su programa nuclear.
El director de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammad Eslami, afirmó que “ningún país puede privar a Irán de su derecho a enriquecer”, en un mensaje que llega en medio de tensiones que combinan negociación diplomática con amenazas de acción militar por parte de Washington.
Las declaraciones siguen a una segunda ronda de conversaciones indirectas en Ginebra, mediadas por Omán, en las que ambas partes acordaron continuar el diálogo pero sin avances sustanciales sobre los puntos clave del conflicto: el nivel de enriquecimiento, la supervisión internacional y las sanciones económicas.
Washington ha reiterado que aún hay “muchas razones” para considerar una acción militar si Irán no accede a un acuerdo que limite su programa nuclear, una advertencia que añade urgencia y riesgo a las conversaciones diplomáticas.
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El debate sobre el programa nuclear iraní no es nuevo: tras la retirada de Estados Unidos del acuerdo de 2015 y la reimposición de sanciones, Irán ha aumentado progresivamente su enriquecimiento de uranio hasta niveles cercanos al 60 %, según datos de organismos internacionales, lo que tensiona la percepción de proliferación nuclear en la región.
Moscú, por su parte, ha advertido que cualquier ataque estadounidense sería “jugar con fuego”, y ha reclamado que se busque una solución mediante los mecanismos del Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA) y el respeto a los principios del Tratado de No Proliferación Nuclear.
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Irán insiste en que su programa nuclear es pacífico y que el enriquecimiento es una prerrogativa legítima para fines civiles, mientras Estados Unidos insiste en reducciones significativas y mayores garantías de inspección.
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