Imitando a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Dilma Rousseff también quiere avanzar contra la Justicia. El Congreso brasileño impulsa un polémico proyecto de ley, que ya tiene dictamen de la Comisión Constitucional y de Justicia y aún no fue tratado en el recinto, que pretende limitar las facultades del Tribunal Supremo Federal, cabeza del Poder Judicial. Tras la condena de 25 jerarcas del Partido de los Trabajadores (PT) por el mensalão –compra de votos de parlamentarios durante el primer gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva–, los diputados brasileños quieren que la Corte Suprema de su país no pueda declarar la inconstitucionalidad de las enmiendas a la Carta Magna y que tengan más dificultad en hacer lo mismo con el resto de las leyes.
La iniciativa del oficialismo, conocida como PEC 33, estipula que, en caso de declarar ilegal una enmienda, el máximo órgano de la Justicia deberá remitirle su decisión al Parlamento, que podrá aceptarla o revocarla. Si los legisladores la rechazan, la enmienda será sometida a un plebiscito, para que la ciudadanía decida si le da la razón al Tribunal o al Congreso. Además, la Corte brasileña, que enjuició el año pasado a José Dirceu, ex jefe de gabinete y mano derecha de Lula, y ahora investigará al ex presidente, tendrá que tener una mayoría especial para dictaminar la inconstitucionalidad de las demás leyes. En la actualidad, puede hacerlo con el voto de seis jueces, de un total de once, pero si el proyecto es aprobado necesitará los votos de once magistrados.
Según el presidente del Tribunal Supremo, Joaquim Barbosa, el primer juez negro en alcanzar ese puesto, el proyecto “debilitará” la democracia. “La separación de poderes no es una noción abstracta. Es parte del derecho de todos los ciudadanos. Integra el conjunto de mecanismos mediante los cuales un poder neutraliza los abusos de otro”, disparó el magistrado, que fue elegido este año por la revista Time como una de las cien personalidades más influyentes del mundo. Gilmar Mendes, otro integrante de la Corte, fue aún más duro al sostener que si se aprueba la ley sería mejor “cerrar el Tribunal Supremo”.
La revista Veja también se hizo eco de la reforma judicial, al publicar en la tapa de su última edición la imagen de una justicia vendada y maniatada. La publicación definió la medida como “un ataque” contra la Constitución y la división de poderes. “La República Bolivariana de Brasil”, tituló en la nota, en la que comparó la reforma con aquellas impulsadas por CFK, Hugo Chávez y Evo Morales.
“Se debe rescatar el valor de la representación política, la soberanía popular y la dignidad de las leyes aprobadas por los legítimos representantes del pueblo”, argumentó Nazareno Fonteles, el diputado del PT autor de la enmienda. Lo cierto es que el proyecto presentado en 2011 estuvo paralizado en la Comisión de Justicia, que recién lo impulsó en las últimas semanas, luego que se abriera una investigación contra Lula por su presunta participación en el mensalão. El ex jefe de Estado acusó recientemente a la oposición por avivar ese escándalo de corrupción. “Intentaron usar el episodio para terminar con el PT”, disparó el ex obrero metalúrgico.
Con el proyecto, el Palacio del Planalto amenaza con debilitar al Tribunal que se animó a condenar a ex ministros y parlamentarios oficialistas. Ese fallo se convirtió en un emblema para la región. Ahora, el debate sobre la democratización de la Justicia cruzó las fronteras de la Argentina y promete dividir a Brasil.
