Desde Estambul
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, decapitó ayer a la oposición kurda, al arrestar a nueve diputados del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), bajo la acusación de apoyo al “terrorismo” del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).
El HDP, tercera fuerza en el Parlamento, con 59 diputados, queda así diezmada.
Entre los detenidos se encuentra el carismático líder del HDP, Selahattin Demirtas. Se trata de un duro golpe, que suscita alarma a nivel internacional e impulsó a la Unión Europea a hablar de “democracia comprometida”.
División. En un país ya dividido tras el fallido golpe de Estado del 15 de julio, y las purgas de decenas de miles de personas, el arresto de los parlamentarios kurdos desencadenó reacciones en las plazas, desde Estambul a Ankara y hasta Diyarbakir, inmediatamente reprimidas por la policía, que detuvo a decenas de personas.
Para evitar manifestaciones, las autoridades bloquearon durante horas las redes sociales, desde Facebook a Twitter y las aplicaciones de mensajes, como WhatsApp.
Por la mañana, con los arrestos todavía “calientes”, un cochebomba atribuido al PKK explotó frente a un edificio de la policía en la “capital” kurda, Diyarbakir, y provocó nueve muertos, entre ellos dos agentes de policía, y un centenar de heridos.
Bruselas. La UE está “extremadamente preocupada” por las detenciones, y se puso en contacto con Ankara para tratar este asunto, declaró ayer la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini. La misma preocupación expresó el gobierno norteamericano.
Frente a las críticas, un vocero del gobierno turco advirtió que “no aceptamos lecciones sobre el estado de derecho de la Unión Europea”, donde “muchos países otorgan un fuerte apoyo al PKK”.
Las incursiones contra los diputados kurdos se llevaron a cabo en plena noche en cinco provincias del sudeste del país. De diversas maneras, se los acusa de haber apoyado al PKK y de haber hecho propaganda a su favor.
Fueron detenidos 12 diputados, que se habían negado a presentarse de modo espontáneo ante los magistrados. Tras los interrogatorios, a tres les otorgaron libertad condicional, con prohibición de salir del país. Otros tres investigados no fueron hallados, dos de ellos, se estima, estarían en el exterior.