La Justicia de Estados Unidos habilitó al fondo de inversión Titan Consortium a iniciar el procedimiento para solicitar embargos sobre activos de la Argentina en ese país, en el marco del litigio derivado de la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral.
Durante años el nombre que se mencionaba en esos procesos era el de la jueza Loretta Preska, pero ahora la que decidió dar vía a fondos buitres es la jueza Jia M. Cobb, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, en una resolución fechada este viernes 25 de septiembre. A partir del lunes 28, el fondo podrá avanzar con las gestiones destinadas a identificar bienes argentinos susceptibles de ejecución y presentar pedidos de embargo ante los tribunales correspondientes.
El reclamo asciende a US$390,9 millones, más los intereses acumulados, y tiene su origen en la expropiación de las dos compañías aéreas en 2008, cuando se encontraban bajo el control del grupo español Marsans.
El origen de la disputa por Aerolíneas
La controversia comenzó luego de que el Estado argentino tomara el control de Aerolíneas Argentinas y Austral durante el primer mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.
Los antiguos propietarios recurrieron al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el organismo de arbitraje internacional vinculado al Banco Mundial, para reclamar una compensación por la expropiación. En 2017, un tribunal arbitral emitió un laudo favorable a los demandantes por unos US$320 millones, además de otros conceptos. La Argentina intentó posteriormente que ese laudo fuera anulado, pero el planteo fue rechazado en 2019.
Los derechos vinculados al litigio terminaron en manos de Titan Consortium, que llevó el caso ante los tribunales estadounidenses para obtener el reconocimiento y la ejecución de la sentencia arbitral. En diciembre de 2024, un tribunal federal de Washington reconoció la condena y estableció que la Argentina debía pagar US$390.907.115,55, más los intereses posteriores a la sentencia.
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Argentina cuestionaba la sentencia
El Gobierno argentino apeló aquella decisión y sostuvo que el reclamo judicial en Estados Unidos había sido presentado fuera de término. En particular, planteó que debía aplicarse un plazo de prescripción de tres años.
La discusión llegó a la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia, que el 21 de julio de 2026 determinó que correspondía aplicar un plazo de 12 años. De esta manera, quedó despejado uno de los principales argumentos planteados por la Argentina contra la ejecución de la sentencia.
Con ese antecedente, Titan solicitó autorización para avanzar con la siguiente etapa del proceso: la búsqueda de activos que puedan ser alcanzados por medidas judiciales destinadas al cobro.
La jueza Cobb consideró que había transcurrido un período suficiente desde la sentencia de diciembre de 2024. Según consta en la resolución, durante los últimos 21 meses no se registraron en el expediente intentos de la Argentina por cumplir con el pago reclamado.
Qué habilita el nuevo fallo
La resolución no significa que un activo argentino haya sido embargado de manera automática. La decisión habilita a Titan a iniciar el procedimiento para localizar bienes y solicitar medidas de ejecución.
El fondo deberá identificar activos que puedan ser alcanzados por la legislación estadounidense y presentar los pedidos correspondientes ante los tribunales. Además, determinados bienes pertenecientes a un Estado extranjero cuentan con protecciones derivadas de las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos.
El expediente tiene actuaciones registradas tanto en Washington como en Nueva York, aunque los eventuales pedidos de embargo no necesariamente deberán presentarse exclusivamente en esos dos distritos.
El analista Sebastián Maril, quien sigue los litigios internacionales contra la Argentina, señaló que la diferencia entre el fallo anterior y la resolución conocida ahora radica en que el laudo del CIADI necesitaba ser reconocido por la Justicia estadounidense para poder avanzar hacia una ejecución sobre bienes dentro de ese país.
Otros reclamos contra la Argentina
El caso de Titan Consortium se suma a otros litigios internacionales que involucran al Estado argentino.
Entre ellos aparece el reclamo de Webuild, vinculado con contratos de infraestructura, por unos US$127 millones, y el de Saur International, también relacionado con contratos de infraestructura, por alrededor de US$72 millones.
A estos procesos se suma el reclamo de Palladian Partners, relacionado con los Cupones PBI en euros, por una cifra estimada en US$1.800 millones, según el relevamiento citado por Infobae.
En paralelo, el proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso contempla una partida de US$1.100 millones destinada al pago de casos vinculados con el CIADI, de acuerdo con información publicada por medios que siguen el expediente.
Por ahora, el fallo de la jueza Cobb abre una nueva etapa en el conflicto por la expropiación de Aerolíneas Argentinas: Titan Consortium quedó habilitado para buscar activos argentinos y presentar pedidos de embargo en Estados Unidos, mientras que cualquier medida concreta sobre un bien deberá ser solicitada y analizada dentro del procedimiento judicial correspondiente.
