Agitar la “amenaza” de una ola de miles de inmigrantes ilegales –“muchos de ellos drogadictos y violadores”, en sus palabras– fue uno de los caballitos de batalla de Donald Trump durante la campaña electoral, cuando prometía que la construcción de un muro en la frontera sur con México sería pagada por los propios mexicanos.
Dos años después, la muerte de una niña guatemalteca de siete años, cuando estaba bajo la responsabilidad de la patrulla fronteriza, ha revelado, por si fuera necesario, la crueldad de la política migratoria del actual gobierno.
Jakelin Amei Rosmery Caal y su padre, Gilberto, de 29 años, fueron arrestados la noche del 6 de diciembre junto con un grupo de más de 150 migrantes centroamericanos cerca de un cruce de frontera en una zona aislada del desierto de Nuevo México.
El padre y la hija fueron subidos a un autobús a la madrugada, para llevarlos a una base de la patrulla fronteriza. Pero a poco de partir la niña comenzó a vomitar. Cuando llegaron a la base ya no respiraba.
Las cuadrillas de emergencia la reanimaron, y fue trasladada por aire a un hospital de El Paso, donde murió al mediodía del 8 de diciembre. Las autoridades dijeron que tenía hinchazón en su cerebro e insuficiencia hepática. Se programó una autopsia para determinar la causa de la muerte, cuyos resultados podrían tardar semanas.
Según las autoridades norteamericanas, su padre dijo que Jakelin no había comido ni bebido nada durante días, aunque el consulado guatemalteco no confirmó esa información.
El caso fue revelado por The Washington Post el jueves y la CBP explicó que no lo había divulgado por respeto a la familia, pero la demora provocó cuestionamiento a sus prácticas de ocultar información sobre la situación de los migrantes detenidos en la frontera.
Desesperación. La muerte de la niña guatemalteca es la última manifestación de la desesperación de un número creciente de familias y niños centroamericanos que se presentan en la frontera de Estados Unidos y México con la esperanza de solicitar asilo, y plantea nuevas preguntas sobre qué tan bien preparadas están las autoridades.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dijo el viernes que la niña parecía estar sana, que en una entrevista no mostró signos de problemas y que su padre habló en español con agentes de la frontera y firmó un formulario que indicaba que se encontraba bien de salud. Pero el cónsul guatemalteco sostuvo que el idioma nativo de la familia era un dialecto maya.
El episodio generó muchos cuestionamientos sobre, por ejemplo, cómo solo cuatro agentes trabajaban con un grupo de 163 migrantes, incluidos 50 niños no acompañados, y había solo un autobús para llevarlos a la base más cercana, a 150 kilómetros de distancia.
“Una niña de 7 años no debería estar muriendo de deshidratación y conmoción bajo la custodia del CBF”, tuiteó el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, mientras la demócrata Norma Torres pidió al Comité de Seguridad Nacional del Congreso una audiencia para cuestionar a las autoridades de frontera sobre la muerte de la pequeña, y sobre la decisión del Departamento de Seguridad Interna de separar a los menores de edad de sus padres migrantes.
Joaquín Castro, demócrata por Texas, dijo estar “devastado” por la muerte. “Pediré una investigación completa del inspector general y el Congreso sobre las condiciones y circunstancias que la llevaron a la muerte”, afirmó.
Cambios. En muchos sentidos, el grupo de 163 migrantes que incluyó a la niña ofrece una instantánea del cambio dramático que se ha producido en la frontera en los últimos años. En noviembre, hubo 51.001 arrestos de personas que ingresaron ilegalmente desde México, la cifra más alta de la presidencia de Donald Trump. Más de la mitad de esas detenciones fueron de familias o niños no acompañados.
Trump ha hecho del control de la inmigración ilegal tema central de su gobierno, pero analistas sostienen que sus políticas están provocando que más migrantes se arriesguen a cruces cada vez más peligrosos de la frontera.
Funcionarios de inmigración dicen que el sistema no está preparado para manejar tantas familias, que no pueden ser devueltas fácilmente, pero el gobierno no quiere mejorar las instalaciones para alojarlas. n
