El ensañamiento contra "Orelha" no fue un arrebato casual, sino una cacería que terminó en ejecución. La simpática perra, un animal dócil de 10 años que vivía en una casita comunitaria en Praia Brava, fue atacado a palazos por un grupo de cuatro adolescentes de familias adineradas de Florianópolis. Según la investigación de la Policía Civil de Santa Catarina, los jóvenes no se detuvieron allí: también intentaron ahogar a un segundo perro, apodado "Caramelo", lanzándolo al mar, aunque este logró salvarse de milagro. Orelha, en cambio, fue encontrada agonizando a la mañana siguiente, con heridas gravísimas y debió ser sometida a eutanasia.
La indignación social escaló a niveles de escándalo nacional, incluso a nivel diplomático, cuando se supo que, mientras la justicia emitía órdenes de allanamiento, dos de los adolescentes implicados habían viajado a Estados Unidos, especificamente a Disney. La "impunidad de los ricos" percibida por la comunidad de Praia Brava, que explotó el tema en redes sociales, se vio alimentada por la actitud de algunos adultos, vinculados a los asesinos de la perra. Así tres familiares (dos empresarios y un abogado) fueron imputados formalmente por el delito de coacción. Se los acusa de amenazar al vigilante de un condominio de lujo que poseía fotos y videos que probaban la autoría de los menores en la masacre del animal.
El gobernador de Santa Catarina, Jorginho Mello, fue contundente tras revisar las imágenes de las cámaras de seguridad: "Las pruebas ya están en el proceso y me revolvieron el estómago", aseguró. La causa tomó un tinte político nacional con la intervención de la primera dama, Rosângela "Janja" da Silva, la esposa de Lula, quien denunció que este episodio "es el síntoma de una generación que consume violencia digital como entretenimiento". En los allanamientos realizados esta semana en las lujosas residencias de las familias de los sospechosos, la policía buscó el arma con la que habrían amenazado a los testigos, pero solo encontró dosis de drogas y dispositivos electrónicos que ahora son peritados.
Mientras los vecinos de la zona más cara de Florianópolis lloran a su mascota comunitaria, los padres de los jóvenes intentan usar su poder para frenar la investigación. Incluso se investiga si un oficial de la Policía Civil, padre de uno de los involucrados, participó en las maniobras de ocultamiento. El movimiento #JustiçaPorOrelha logró que figuras de la cultura brasileña se sumen al reclamo, exigiendo que el apellido de los responsables no sea un escudo frente a la ley de maltrato animal.
A pesar de la brutalidad, el destino legal de los jóvenes está atado a su edad. Al ser menores de 18 años, no enfrentan penas de cárcel bajo el código penal común, sino ""medidas socioeducativas” que, en el peor de los casos, podrían significar un máximo de tres años de “internación”. Sin embargo, para los tres adultos imputados, el panorama es distinto: ellos si enfrentan cargos penales por coacción y obstrucción de la justicia, delitos que en Brasil se castigan con prisión efectiva y que buscan romper con la cultura de impunidad de las clases altas en el sur del país.
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Aunque la "Lei Sansão" (Ley 14.064/2020) endureció las penas por maltrato a perros y gatos en Brasil (de 2 a 5 años de prisión), los sospechosos están amparados por el Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA). Al ser inimputables ante el código penal, sus actos se califican como "actos infraccionales" al crimen de maltrato. Esto limita las sanciones a tareas comunitarias o libertad asistida, salvo que el juez determine la internación debido a la extrema crueldad del hecho y el intento de ahogamiento del segundo perro.
El segundo perro atacado por el grupo de adolescentes, un mestizo conocido como "Caramelo", se convirtió en el símbolo de resistencia del caso. Tras lograr escapar de los jóvenes que intentaron ahogarlo en el mar, el animal fue rescatado por los mismos vecinos que asistieron a Orelha.
En un gesto de alto impacto político y humanitario, el propio Delegado General de la Policía Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, decidió adoptar al perro de forma permanente. Caramelo vive ahora en la residencia del jefe policial, mientras que las casitas de madera de Orelha en la playa se transformaron en un memorial lleno de flores y mensajes.
TC/HB
