La polémica se desató este lunes, después de que legisladores del Parlasur denunciaran que el bloque kirchnerista ante esa organización bloqueara el tratamiento de un informe en el que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, detalla cientos de ejecuciones extrajudiciales, torturas, persecución y malos tratos a los opositores en Venezuela.
Según explicaron los legisladores de Cambiemos, sus pares del Frente de Todos -con la ayuda de bloques de izquierda de Uruguay y Brasil- lograron evitar en reiteradas ocasiones tanto el tratamiento del tema de violaciones de los derechos humanos bajo el régimen de Nicolás Maduro, como la posibilidad de que la expresidenta chilena visite el pleno del legislativo del Mercosur para explicarlo.
El lapidario informe fue publicado el pasado mes de junio, después de que la jefa de Derechos Humanos de la ONU realizara una visita a Venezuela. En una reciente comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos, Bachelet indicó que la situación humanitaria "afecta a millones de personas en Venezuela con claros impactos desestabilizadores en la región" y denunció casos de ejecuciones extrajudiciales y torturas y falta de acceso a la comida y la atención médica.
El gobierno chavista calificó de "errático" este informe porque, entre otras cosas, considera que se basa en fuentes poco fiables, mientras que Maduro directamente acusó a Bachelet de haber firmado un texto escrito íntegramente por la Casa Blanca.
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El informe de Bachelet -elaborado a partir de 558 entrevistas con víctimas y testigos de las "graves vulneraciones" de los DDHH en Venezuela y otros ocho países, de la visita de Bachelet y de "otras fuentes"- acusa al chavismo de reducir el espacio democrático e incumplir su obligación de garantizar la comida y atención médica, recomendando medidas concretas para revertir esta "compleja" situación "de inmediato".
Bachelet sostiene que en la última década, aunque especialmente desde 2016, "el Gobierno venezolano y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno". "Un conjunto de leyes, políticas y prácticas que ha reducido el ámbito democrático, ha desmontado el sistema de control institucional sobre el Poder Ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves violaciones de los Derechos Humanos", precisa.
En concreto, Bachelet señaló la "paulatina militarización de las instituciones del Estado". En el periodo que abarca el informe, entre enero de 2018 y mayo de 2019, "tanto a las fuerzas civiles como militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y sus familiares, violencia sexual y de género durante los periodos de detención y las visitas y uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones".
El informe afirma que "el Estado incumple su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y la atención sanitaria", aunque ha apreciado que, si bien "Venezuela estaba en crisis mucho antes de que se les impusieran sanciones a algunos de sus sectores, (...) las últimas sanciones económicas vinculadas a la exportación de petróleo están agravando los efectos".
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En cuanto al derecho a la alimentación, el informe denuncia que "la escasez creciente de alimentos y su precio cada vez más alto se han traducido en un número menor de comidas con menos valor nutricional, elevados índices de desnutrición y una repercusión especialmente adversa sobre las mujeres".
"La situación sanitaria del país es grave", aseguró Bachelet, indicando que "los hospitales carecen de personal, medicamentos y electricidad". El informe cita a la Encuesta Nacional sobre Hospitales de 2019, que reveló que entre noviembre de 2018 y febrero de 2019 se produjeron 1.557 fallecimientos en los hospitales por falta de suministros.
Inmediatamente después de su publicación, Maduro dijo que "Bachelet dio un paso en falso al leer un informe que le elaboraron y que le dictaron desde el Departamento de Estado" de EEUU. "Es un informe cargado de mentiras, de manipulaciones, de datos inexactos, de datos falsos. Es una repetición de los informes del antiguo alto comisionado", dijo el pasado 9 de julio.
En una cadena nacional de TV, Maduro recalcó entonces que lamentaba que Bachelet no quisiera "ver ni escuchar la verdad sobre Venezuela". "Ojalá este paso en falso le sirva para sacar lecciones a la señora Bachelet y pueda enderezar el camino", agregó.
Claves de la crisis venezolana:
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La crisis se agravó el 10 de enero, cuando Maduro decidió iniciar un segundo mandato de seis años que no reconocen ni la oposición ni buena parte de la comunidad internacional porque consideran que las elecciones presidenciales del 20 de mayo fueron un fraude.
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Juan Guaidó se autoproclamó mandatario interino el 23 de enero con el objetivo de cesar la "usurpación", crear un gobierno de transición y celebrar "elecciones libres". Fue reconocido por Estados Unidos, numerosos países latinoamericanos, así como varios europeos, entre ellos España.
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Más de cuatro millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos años a causa de la crisis humanitaria que sufre la nación caribeña. La ONU advierte de que, si la tendencia continúa, a final de 2019 podrían sumar más de cinco millones.
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Solo en 2018, el Gobierno chavista registró 5.287 muertes por supuesta resistencia a la autoridad durante operativos del FAES. En lo que va del año 2019, la cifra ya superó los 1.600 víctimas, según el informe de la ONU.
Este martes -15 de octubre- el canciller argentino Jorge Faurie calificó como "indignante" que el kirchnerismo haya "impedido la adhesión del Parlasur al informe sobre violaciones de los derechos humanos en Venezuela" y sostuvo que "una vez más una vez más es cómplice del dictador (Nicolás) Maduro". "Parece que, una vez más, el kirchnerismo es cómplice del dictador Maduro y no quiere hablar de Venezuela. Qué tristeza para los que defienden la democracia y la libertad", dijo.
El canciller calificó la negativa del kirchnerismo como "indignante" y consideró "inadmisible poner en duda la honestidad y veracidad de la ex presidenta de Chile, ella misma
víctima de la represión y figura emblemática de los derechos humanos en su país y en la región, o negar un informe realizado por las Naciones Unidas". Faurie señaló con ironía que lo ocurrido no se debió a "falta de tiempo" en la sesión, dado que sí se logró emitir "una declaración contra las `políticas de ajuste` en Ecuador y de preocupación por la población kurda".
D.S.
